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No solo hay unas listas de espera «excesivas» sino muy desiguales entre las diferentes provincias y sus catorce hospitales. Es una de las principales conclusiones de diferentes resoluciones delProcurador del Común.
Las dos más recientes detectan carencias en concreto en la especialidad de Oftalmología, tanto en Zamora como en el Clínico de Valladolid, y en ambas recogen las enormes diferencias en los tiempos de espera para pruebas de diagnóstico y consultas entre los diferentes complejos asistenciales. Así, según los datos de la primera, la de la queja contra el universitario vallisoletano, mientras en Ávila solo hay 149 pacientes pendientes, en León superan los 6.000. Las cifras de la reclamación de Zamora, varían ligeramente, ya que ambas son fotos fijas en distintos momentos –en noviembre y ya cerrado el ejercicio 2018– pero muestran la enorme falta de equidad dado que, aunque la resolución de una mayor o menor lista de espera también depende de los recursos para ejecutarla, es evidente que un paciente de Salamanca, Burgos o León tiene muchos más usuarios de Sacyl por delante que los de otras provincias. Es más, dentro del propio Valladolid, mientras el Río Hortega contabiliza 1.658 enfermos, el Clínico suma 2.747 personas pendientes de atención. «Son –destaca– serias diferencias existentes en los distintos centros; lo que puede poner en duda el principio de igualdad y la equidad en el sistema sanitario y hace que hayan de buscarse soluciones conjuntas y ágiles para solucionar la problemática de las listas de espera dado que, si bien en algunos supuestos no tienen su origen en un grave problema de salud o aparentemente no son urgentes, se trata de cuadros clínicos que alteran notablemente la vida personal y laboral de los pacientes vulnerando su derecho a la tutela adecuada de su salud».
Las dos resoluciones de la oficina de Tomás Quintana detectan las «graves divergencias» y piden mayor homogeneidad en el acceso a la asistencia sanitaria como derecho que es. La resolución insta a que «el sistema sanitario sea accesible para todos y las medidas para el acceso no deben llevar a retrasos innecesarios en la asistencia».
En el caso de Zamora, además, la desinformación es total para el paciente. Pues mientras la reclamación del afectado recoge que había sido citado para el día 14 de octubre de 2019, casi un año después de que se solicitara, la información de la propia Consejería de Sanidad en respuesta a la demanda asistencial facilita otra fecha de consulta, la del 11 de junio de este mismo ejercicio. Este dato, indica el Procurador del Común, da «lugar a cierta indefensión al no conocer adecuadamente el interesado en qué parte de la misma se encuentra y cuales son las previsiones teniendo en cuenta cuántos pacientes tiene delante para ser visto en consulta».
Repasa este defensor del pueblo los diferentes pronunciamientos de diferentes entidades constitucionales e instituciones; así como de diversos fallos jurídicos para sumarse a ellos y defender que si bien las listas de espera en cierta medida son aceptables e inevitales, lo son siempre que no constituya «un daño antijurídico» y el mismo lo será «cuando venga dado por una lista en sí mal gestionada o irracional, de duración exagerada o cuando hubiere un error en la clasificación de la prioridad del enfermo o cuando en el curso de esa espera se produjesen empeoramientos o deterioros de la salud que lleven a secuelas irreversibles o que sin llegar a anular, sí mitiguen la eficacia de la intervención esperada», tal y como recoge el Consejo Consultivo de Castilla yLeón.
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