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M. J. Pascual
Domingo, 24 de febrero 2019, 15:58
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El 3 de agosto de 2017, funcionarios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid entraban con Justo M. G. en su vivienda de Santovenia de Pisuerga. En una bolsa de deporte, el que había sido entre 1995 y 2015 el empleado que recibía a los visitantes, controlaba las sepulturas y se encargaba del servicio de incineración en el cementerio de esa localidad, propiedad de Parque El Salvador, guardaba tres ficheros con esta anotación a mano: 'Incineraciones que se debían haber hecho en el tanatorio pero se hacen en el cementerio, sin caja'. En la bolsa y en un frigorífico de la vivienda se encontraron fotografías de fallecidos cuyos féretros fueron sustituidos por otros de menor valor y que el chantajista remitió a su exjefe Ignacio Morchón Alonso.
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Hoja de algunas de las libretas manuscritas con anotaciones con las filiaciones de los finados y apuntes sobre el uso fraudulento de cenizas.
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Los ficheros encontrados, organizados por años (2013, 2014 y 2015), contenían decenas de partes de defunción convenientemente cumplimentados y con notas manuscritas en la parte posterior. Dentro de la bolsa, los policías encontraron también dos tacos de 13 libretas cada uno unidos por gomas. En estos cuadernillos de cuarto de folio, había notas tomadas de su puño y letra, como después corroboraron los peritos calígrafos, que fueron realizadas entre 1998 y 2015.
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Notas de extorsión que envió el exempleado del cementerio de Santovenia («lo que me corresponde por todo lo robado para ti y tu familia»).
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El empleado siguió insistiendo en recibir dinero porque decía haber sido «el autor material de la sustitución de los féretros». Llegó a mandar cartas y fotos por WahtsApp de féretros abiertos con los cadáveres en el interior y un cartel manuscrito encima con el nombre del finado y la fecha, amenazando con «llevar todo a El Norte de Castilla». Ahora, todo este material, que no sirvió al chantaje, es la piedra angular del caso Ignis.
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