Las solicitudes de adopción bajan el 80% por la gestación subrogada

Los ponentes, Dolores Lozano y Tomás Montero, posan ante las murallas de Ávila. /Ricardo Muñoz
Los ponentes, Dolores Lozano y Tomás Montero, posan ante las murallas de Ávila. / Ricardo Muñoz

Los especialistas abogan por levantar la prohibición y regular esta técnica para evitar que se convierta en tráfico de niños

MARÍA JESÚS PASCUALValladolid

Las solicitudes de adopciones legales en España «se han reducido el 80% en el último año «porque las familias ya no están dispuestas a esperar siete u ocho años de trámites en el sistema nacional para tener un hijo». Las que tienen recursos económicos, prefieren coger un atajo. Esa es una de las principales razones que subyacen en el florecimiento del negocio de los vientres de alquiler, una práctica, recordó la letrada experta en Derecho de Familia, Dolores Lozano, que está prohibida en España por Ley desde 2006 pero a la que recurren cerca de 2.500 parejas al año para conseguir descendencia y lo hacen en países donde esta técnica sí es legal, desde Ucrania hasta Portugal.

Cada año, explicó la presidenta de la Asociación nacional de Abogados de Familia, 1.500 niños nacidos por esta técnica del vientre de alquiler vienen a España, las agencias que se dedican a este negocio «se publicitan sin problema» y los precios por un niño oscilan entre 40.000 y 120.000 euros, según los países de procedencia de la gestante. Pero las autoridades, subrayó, «no se preocupan hasta que los niños tienen que entrar en este país», que es lo que ha ocurrido directamente con 200 padres que fueron a recoger a sus hijos a Ucrania y tienen problemas para que estos puedan entrar en España con sus inscripciones en el registro.

La ponente invitada a la mesa de Ávila considera necesario que los legisladores cojan el toro por los cuernos y hagan frente a esta realidad social y corrijan el 'limbo' legal en el que se encuentra esta práctica reproductiva, «siempre teniendo en cuenta en interés superior del menor», adecuando la legislación española a la jurisprudencia que marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia para evitar que en la práctica se convierta en un «tráfico de niños». Al final, la pauta principal está en el artículo 8 de la Convención Europea de derechos Humanos, que regula el derecho a la vida privada y familiar, indicó la jurista.

Considera Lozano además que la prueba de ADN que se exige a los nuevos padres para poder inscribir a los hijos procedentes de la gestación subrogada en un registro consular «no es una prueba con validez suficiente, porque no está garantizada ni la custodia ni el laboratorio» y se han producido casos de fraude en el que el ADN no se correspondía con uno de los progenitores, como en un caso ocurrido en Italia. Lozano reconoce que hay mucha disparidad de criterios en la materia, incluso dentro de los integrantes del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «si bien se tiene muy en cuenta que el material genético que se aporta sea de uno de los padres comitentes».

Sería conveniente, apunta, que cada país contara con un laboratorio de referencia en esta materia, con el fin de garantizar la cadena de custodia del ADN «a la manera que los institutos de toxicología para determinar, por ejemplo, la presencia de drogas».

Simulación

En suma, resumió la abogada, «tenemos que abrir una reflexión seria porque la demanda y la oferta van a seguir existiendo y si lo mantenemos así, al final será solamente para quienes lo puedan pagar; tenemos que regular y regular bien la maternidad subrogada, porque este no puede ser un método para ganar dinero con el tráfico de niños». Por el momento, cualquier pareja española que acuda al ordenamiento jurídico europeo por esta técnica de reproducción asistida, «más tarde o más temprano, tendrá a sus niños inscritos», aunque para ello se utilizan triquiñuelas legales como la simulación de adopción para inscribir al bebé.

Acompañó a Dolores Lozano en la mesa abulense del foro jurídico del diario, la penúltima del curso, Tomás Montero, director técnico de Atención a la Infancia de la Junta de Castilla y León, quien no pudo reprimir al inicio de su intervención un saludo a su exjefa, la diputada 'popular' Alicia García, exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Montero alertó de la necesidad de establecer un nuevo modelo de atención para hacer frente al «incremento exponencial» del número de menores extranjeros no acompañados (MENA)que se está produciendo en España y cuyo perfil no corresponde exactamente al de menores desvalidos.

Incluso en Castilla y León, donde el porcentaje es muy pequeño, el 0,5% en relación a Andalucía (donde se ubican el 50% de los 13.000, según los últimos datos de Extranjería), se han duplicado con respecto de 2016. En 2018 fueron 133 los que están atendidos en esta comunidad, el 15% más que en 2016. En lo que va de año son 75 y estarán bajo el amparo de la Administración regional hasta que cumplan la mayoría de edad. «Muchos entran en bucle porque, al cumplir la mayoría de edad, el permiso de residencia está condicionado al 'modus vivendi' y si no tienen trabajo puede conllevar problemas de convivencia. Muchos caen en redes delictivas», explicó.

El Ciclo de Justicia, que cuenta con el patrocinio de los Registradores de Castilla y León y Banco Santander, pondrá el broche a su séptima edición el próximo 13 de junio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La ponencia de clausura será pronunciada por la magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo María Ángeles Parra Lucán (Vitoria, 1963), catedrática de Derecho Civil y Medalla de Justicia de Aragón.