Un testigo declara que dos cargos del Eren diseñaron la trama eólica bajo las instrucciones de Delgado

Los nombres del expresidente del Eren y del exjefe del área de energía eólica, que ya declararon el año pasado como testigos, no es la primera vez que son mencionados en las diligencias como artífices del «reparto teledirigido» de las autorizaciones, pues varios promotores que fueron excluidos, a pesar de tener casi ultimadas sus autorizaciones, han declarado ante el instructor que se les instó desde el Eren a asociarse con determinados empresarios o a vender sus participaciones. Así lo declaró, entre otros, Manuel Fernández García del Campo, un empresario que había solicitado levantar un parque eólico en la provincia de León, quien explicó que su empresa tenía terminada prácticamente la tramitación administrativa y solo estaba pendiente de la autorización definitiva. En 2003, con el cambio de legislatura, se produjo «un parón» y, «a partir de ahí se produjo un calvario, una peregrinación por los despachos». Según declaró, tuvo como interlocutores a Rafael Delgado y al director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero. El proyecto se pospuso durante dos años hasta que no se produjo un cambio de accionariado y se vendieron participaciones a terceras empresas «que sí estaban en el listado de la Junta».

Rafael Ayuste, que ha comparecido durante casi dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha relatado que se produjeron varios «cambios de criterio» para tratar de ordenar el 'boom' de peticiones para instalar parques eólicos en Castilla y León. Según ha comentado el letrado Emilio Martínez, de Ecologistas en Acción, una de las acusaciones personadas en la causa, al término de la declaración, la entonces cúpula del Eren llegó a plantearse cobrar a los promotores el 1,5% del valor de sus parques y que ese dinero fuera parar a una fundación «para destinarlo a obras en Castilla y León o para poner, por ejemplo, placas solares en polideportivos». En este proyecto estuvieron trabajando un año, aunque luego lo descartaron. Ayuste Cupido, a preguntas de la acusación, ha señalado que sí hay antecedentes de fundaciones vinculadas a la Junta a las que ha ido a parar dinero procedente de la energía eólica, y mencionó la Fundación Patrimonio Natural. También se barajó que Iberdrola canalizara las participaciones de los promotores de parques eólicos y organizara el reparto del mercado, «en función de la amistad que existía entre el delegado de la multinacional en Castilla y León, Ricardo Bravo, y el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva», ha explicado Martínez.

El último «cambio de criterio» se habría producido en enero de 2005, cuando se optó por la idea del «socio local, siguiendo instrucciones directas de arriba». A partir de entonces, aseguró el testigo, González Mantero y Ciria le apartaron y se ccuparon entre los dos de las autorizaciones de los parques.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha solicitado al fiscal Anticorrupción que llame a declarar a ambos pero, esta vez, como investigados.

También han declarado este viernes los hermanos Ricardo y Álvaro Fuster, que ya lo hicieron también el año pasado. Ambos se ratificaron en sus anteriores testimonios, poniendo el énfasis en que el «acuerdo marco» para favorecer a empresas locales con las autorizaciones de los parques «era un sistema extendido en todas las comunidades autónomas». También ellos tuvieron que vender sus parques por 5,6 millones, lo que calificaron de «vergonzoso», tras esperar tres años la última firma del viceconsejero de Economía.

Quien no compareció fue el expresidente de Campofrío, Pedro Ballvé, «por un problema con los billetes de avión». El Juzgado volverá a citarle para que responda, en calidad de testigo, por un correo electrónico de marzo de 2008 firmado por él y dirigido al entonces vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, en el que se le solicitaba que agilizase las autorizaciones de seis parques que promovía la multinacional en Zamora. En ese escrito, se le recordaba que Iberéolica Solar, la filial de Campofrío, «está a punto de firmar con la Fundación del Patrimonio de Castilla y León un convenio de colaboración, por importe de 675.000 euros, para contribuir económicamente en los programas de conservación, gestión y mejora del patrimonio de Castilla y León». Además «del compromiso de promocionar, construir y explotar una planta termosolar en la Ciudad de la Energía de Soria».