Las VTC defienden que los taxis puedan ofrecer también precios cerrados y descuentos

Varios taxis hacen cola. /Archivo
Varios taxis hacen cola. / Archivo

Abogan además por igualar la fiscalidad ya que aseguran que un conductor de Cabify paga hasta nueve veces más impuestos que un taxista

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El conflicto que existe entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) persiste mientras se aproxima la fecha fijada para que el Gobierno apruebe un Real Decreto que regule esta actividad, el 14 de septiembre. A este respecto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pidió este jueves a las VTC que avancen hacia una competencia «total» y acabe con su situación de desregulación en materia urbana.

Pero la patronal de este sector, Unauto, tiene una forma diferente de entender la competitividad y defendió que se flexibilice también la actividad de los taxistas, de forma que puedan también beneficiarse de ofrecer precios «cerrados» y descuentos bajo la modalidad de la precontratación, tal y como funcionan empresas como Cabify o Uber. Incluso dieron un paso más para avanzar en esta dirección: solicitaron que se permitan los viajes compartidos tanto en los coches con conductor como en el taxi.

Otra de las propuestas que puso encima de la mesa Unauto para terminar con las tensiones que existen es que se igualen las cargas fiscales de ambos. Sin embargo, contrariamente a lo que pregonan los gremios de los taxistas, la patronal de este sector aseguró que un conductor de VTC paga hasta nueve veces más impuestos que un taxista, realizando ambos un volumen similar de kilómetros anuales. Y la diferencia -a juicio de este 'lobby'- reside en que mientras que más del 95% de los taxistas en España se acogen al régimen fiscal de estimación objetiva -el conocido sistema de módulos-, a los vehículos de alquiler se les exige hacerlo por estimación directa, es decir, sobre el beneficio anual real derivado de la prestación de servicios de transporte.

De acuerdo con los datos presentados por Unauto, este sector paga más de 130 millones de euros al año a las arcas públicas solo por el IVA y cotiza más de 120 millones a la Seguridad Social. A su vez, la inversión en pólizas de seguros de automoción implica un gasto de 36 millones anuales, mientras que en talleres se dejarían otros 25 millones más. En total, estiman que los 11.200 vehículos de transporte con conductor que operan actualmente aportan cerca de 750 millones de euros al año a la economía española y su prevision es que en 2020 ascienda a 1.350 millones.

En lo que respecta al empleo que generan, para dar servicio a más de seis millones de usuarios, movilizan a más de 15.000 conductores, que perciben más de 350 millones en salarios, teniendo en cuenta que el sueldo medio oscila entre 1.200 y 1.500 euros al mes. En este sentido, advirtieron al Gobierno que si finalmente accede a las reivindicación del taxi de limitar una licencia de VTC por cada 30 de taxis -que en estos momentos se supera ampliamente, al situarse en una proporción de 1 a 6-, esto produciría una expropiación de más de 10.000 autorizaciones y la consiguiente pérdida de 15.000 puestos de trabajo «legales y legítimos». Y es más, se frenaría una actividad en plena expansión que podría crear otros 10.000 empleos de aquí a 2020, según cálculos de la asociación.

Desde Unauto criticaron el «uso malintencionado» que hace el sector del taxi de la ratio 1/30 -avalada por el Supremo- y afirman que no se trata de una norma para reducir las licencias ya aprobadas, sino un criterio de concesión ante las peticiones de nuevas autorizaciones. De esta forma, cada comunidad autónoma tiene la autoridad competente para rechazar la concesión de nuevas autorizaciones si se supera la ratio 1/30, «cosa que sucede en toda España desde el año 2015».

En este sentido, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, sí admitió que barajan la posibilidad de pedir compensaciones económicas ante los tribunales si finalmente el Gobierno faculta a las comunidades autónomas o ayuntamientos a regular el sector y exigen segundas licencias para que puedan operar. El importe total al que podrían ascender estas indemnizaciones se situaría en los 3.785 millones, según un informe.

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