Las eléctricas pagarán 194 millones para financiar el bono social

Operario de Red Eléctrica en una instalación. /Archivo
Operario de Red Eléctrica en una instalación. / Archivo

Por primera vez, la CNMC reparte este importe entre las 254 comercializadoras de luz, aunque un 93% lo sufragarán entre Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Las compañías eléctricas ya saben qué parte de la factura del bono social tendrán que asumir este año para sostener el sistema de descuentos del que gozan las familias vulnerables para poder afrontar el pago del recibo mensual de la luz. Por primera vez desde que este sistema se puso en marcha hace más de una década, serán todas las empresas comercializadoras -las que ofrecen diferentes tipos de tarifas en el mercado libre- las que asuman este coste conjunto, y no solo las de referencia -las históricas y más grandes-, tal y como estableció el Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas hace dos años.

El importe que tendrán que abonar ascenderá previsiblemente a 194 millones de euros, tal y como estima la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque se trata de una estimación al no haber cerrado la liquidación final de 2018. De hecho, el año pasado cambió la metodología del bono social, al pasar del anterior sistema -del que se beneficiaban 2,5 millones de usuarios- al actual -en el que se encuentra aproximadamente un millón de hogares-, en el que se tienen en cuenta más criterios ligados a la renta de las familias para que puedan disfrutar de un descuento del 25% o del 40% sobre el consumo realizado, según sus circunstancias.

En el reparto elaborado por la CNMC se incluye la asignación a 254 sociedades y 20 grupos corporativos, según el número de clientes que tienen cada uno de ellos. Así, la empresa que financiará con más dinero el bono social de este año será Endesa (a la que se le asignan 10,6 millones de usuarios, un 36% del total), seguida por Iberdrola (10,1 millones, un 34,6%), Naturgy (4,6 millones, cerca del 16%), EDP (1,1 millones, un 3,8%) y Repsol (656.833 clientes, un 2,2%). Hay que recordar que la petrolera, cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, adquirió los negocios no regulados de generación de electricidad de bajas emisiones y la comercializadora de Viesgo el pasado mes de noviembre por 733 millones de euros, para adentrarse en el mercado eléctrico español. Entre todas esas grandes firmas acumulan un 92,8% de la cuota de mercado.

El 7,2% restante corresponde al resto de grupos y sociedades que venden luz a los clientes particulares y que a partir de ahora también están obligados a correr con el gasto de la financiación del bono social, en función de su cuota de mercado proporcional.

Hasta el pasado 31 de diciembre, los titulares de contrato con tarifa regulada (PVPC) que disfrutaban del anterior bono social podían solicitar acogerse al nuevo. El plazo fue prorrogado en dos ocasiones a lo largo de 2018 -en marzo y después en octubre- para intentar que cada vez más usuarios se sumaran a esta iniciativa sin perder ningún mes la posibilidad de aplicarse el descuento que les corresponda.

Ingresos de hasta 18.637 euros

El nuevo sistema establece un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura, para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos-, de 14.910 euros -un hijo- o 18.637 euros -dos-, además de las numerosas y pensionistas con prestaciones mínimas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros, dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios de la comunidad o el ayuntamiento.

Se trata de un bono muy ligado a los ingresos frente al actual, al que podían acceder los pensionistas y los desempleados, pero también los consumidores con potencias contratadas inferiores a tres kilovatios (independientemente del tipo de vivienda que se tratara, como las de la playa o montaña); y todo tipo de familias numerosas (sin fijarse límites de ingresos). Estos dos últimos colectivos eran los que más reticencias provocaban entre las eléctricas al no establecerse restricciones relacionadas con las rentas.

 

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