El atractivo económico de Cataluña se resiente y solo espera el fin del conflicto

Esteladas y banderas españolas, a la venta en un bazar de Barcelona./REUTERS
Esteladas y banderas españolas, a la venta en un bazar de Barcelona. / REUTERS
1-O

A las señales iniciales de fuga de empresas y caída de turistas se une la parálisis de inversión por culpa de la incertidumbre

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Cuando hace ahora un año los ahorradores de media España, encabezados por buena parte de los catalanes, comenzaron a temer por el dinero que tenían depositado en los bancos históricamente ligados a esa comunidad (CaixaBank y Sabadell, pero también al resto con sucursales en Cataluña) se inició una espiral de miedo que acabó por afectar a toda la economía. De las cuentas de bancos con presencia en Cataluña huyeron 31.400 millones en el último trimestre de 2017, según el Banco de España. Fue el mejor reflejo económico de lo que una crisis política de calado puede conllevar. La transferencia del dinero propio a un lugar seguro tuvo un efecto tan rápido que el sector presionó al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que pisara el freno.

Se temía lo peor no solo para los intereses de las entidades sino sobre el conjunto de la economía catalana y, por ende, la española -la región acapara un 20% del PIB-. Doce meses después, Cataluña sigue creciendo a un ritmo más moderado de lo que lo hacía a principios de año, como toda España, pero con varias alertas que no dejan de emitir señales a empresarios, consumidores y gobernantes. El susto inicial de la fuga de depósitos, y posterior traslado de sedes sociales, se ha contenido «por la intervención que realizó el Gobierno con el artículo 155 de la Constitución», según Ignacio Sanz, profesor de ESADE. Pero se mantiene «en una tensa calma» a la espera de acontecimientos.

La gran banca presionó tras el 1-O para que se pisara el freno ante la huida de capitales

Las previsiones más agoreras anticipaban el desastre, aunque la sucesión de los acontecimientos políticos posterior al mes de octubre, con la independencia relegada a una declaración de intenciones, parece haber evitado la ruina anticipada por muchas casas de análisis si la tensión se prolongaba. El Producto Interior Bruto (PIB) catalán crece por encima de la media española -un 3,1 % en el segundo trimestre frente al 2,7% nacional-; la tasa de paro también baja a un ritmo más acelerado -se encuentra en el 11,4% frente al 15,2%-; y las exportaciones lideran el mercado de ventas de bienes al extranjero -mejoraron un 3,1% hasta julio-. Pero todos estos indicadores se sitúan por debajo de lo que mostraban hace apenas medio año. «Ese es el gran riesgo de esa economía, y de toda la española, porque lo que era el motor se está convirtiendo en el último de la cola», explica Antonio Pedraza, del Consejo de Economistas de España.

El efecto sobre España

Por eso, expertos como Pedraza advierten de que el conflicto catalán ya ha comenzado «a pasar factura» a toda la economía. La cuestión independentista se encuentra entre los «riesgos» a los que se enfrenta todo el país en previsiones como las últimas publicadas por el Banco de España. «Un hipotético repunte de la incertidumbre asociada a la situación de tensión política en Cataluña representa un riesgo adicional para el crecimiento económico, particularmente en esa comunidad», avisa el supervisor.

A pesar de que el independentismo se aferra a que Cataluña sigue en primera posición y que ningún desastre ha ocurrido en estos meses, los expertos advierten de que «el impacto negativo de la situación que se vive no tiene efectos inmediatos, sino que se proyectan a medio plazo», como explica Ignacio Sanz. Este profesor apunta, además, lo que él considera un perjuicio que apenas se nota en el día a día, pero con un impacto negativo incalculable a medio plazo: «Cataluña ha perdido el atractivo que tenía como fuerza de generación de actividad empresarial y de inversión extranjera». También Pedraza recuerda que «la inversión extranjera se encuentra constreñida y muy parada, porque la situación de indefinición de cara al futuro retrae el interés de los inversores».

El Banco de España teme que si se agrava la incertidumbre la crisis será aún más profunda

El traslado de la sede social protagonizado inicialmente por CaixaBank y Sabadell, así como Gas Natural, arrastró a otras muchas firmas que temieron por las repercusiones del proceso unilateral de independencia en sus cuentas de resultados. La banca lo vio claramente desde el primer momento con la fuga de depósitos, una circunstancia que, de mantenerse, les habría provocado un agujero de consecuencias difíciles de cuantificar. Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de junio pasado el saldo neto de empresas que han salido de la región es de 4.708, según el Registro.

La mayor parte de esos traslados (más de 3.000) se cuantificó en el tercer trimestre del año pasado, y aunque el goteo ha ido a menos, aún pierde hoy más sedes sociales de empresas de las que recibe, en beneficio de otros territorios, como Madrid y la Comunidad Valenciana. El problema de perder la sede social es que «las inversiones que llegan desde el extranjero ya no se canalizan a través de Cataluña, sino en las regiones donde se encuentren jurídicamente instalados esos negocios», apunta Ignacio Sanz.

Los visitantes recelan

De todos los indicadores que marcan la actividad de una economía, es el turismo el que más rápido reacciona a cualquier motivo por el que los usuarios puedan modificar sus pretensiones, para bien o para mal. Este termómetro fue el más infalible desde el primer momento. Después de varios años liderando la llegada de turistas extranjeros, en octubre del año pasado esta región registró el primer descenso interanual en recepción de visitantes en una evolución descendente que llegó a caer casi un 14% a finales de año. En los últimos diez meses, la caída de visitantes a las cuatro provincias catalanas ha sido mayor que la que ha sufrido el resto de España, y el crecimiento, en cuatro meses, ha sido inferior a la medida, según el INE. En cualquier caso, mantiene el liderazgo con más de 11 millones de visitantes hasta junio.

Cataluña resiste los envites políticos que han protagonizado la vida diaria de la comunidad gracias al escudo de las exportaciones, el pilar bajo el que consiguió situarse como primera región en términos económicos en las últimas décadas.

Una dependencia de 80.000 millones de deuda en manos del Estado

Entre todos los problemas con los que cuenta la economía catalana, derivados de la incertidumbre del proceso independentista (inversiones ralentizadas, caída de turistas, fuga de empresas), el que más preocupa a los gestores de la Generalitat es el de la deuda pública de esta comunidad autónoma. Y no porque deba mucho dinero, que también, sino porque la mayor parte de esa cuantía se la tendría que pagar precisamente al Estado, el gran benefactor de la economía catalana desde la crisis de 2012.

Hasta este año, la Administración Central, a través del Ministerio de Hacienda, ha inyectado una dosis de liquidez que ya se encuentra en los 78.361 millones de euros. Esta cuantía representa casi una tercera parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el Estado ha habilitado a las regiones que lo necesitaban para evitar su quiebra técnica, ante la imposibilidad de acudir a los mercados internacionales a financiarse, como ocurría de forma recurrente antes de la crisis.

Solo se le aproxima a esta deuda estatal la que mantiene la Comunidad Valenciana con el FLA, aunque no supera los 59.000 millones, o Andalucía, con algo más de 39.000 millones de euros. Aunque todas las comunidades han acudido a esta herramienta de rescate público para poder seguir pagando las nóminas de sus funcionarios, así como todos los servicios públicos básicos (educación, sanidad, seguridad o dependencia), Cataluña ha sido la región más beneficiada. Aunque, en algunas ocasiones, los responsables de la Generalitat han llegado a amagar con no tener por qué abonar esa deuda si finalmente se consumara la independencia.

De hecho, la semana pasada, el Ministerio de Hacienda y la Generalitat acordaron, dentro del marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones, que no se reunía desde 2011, impulsar la tramitación de autorizaciones para refinanciar deuda a corto plazo (con un vencimiento inferior a un año) y convertirla en deuda a largo plazo. Se hará por un importe de 2.773 millones de euros. De esta forma, se sanea la totalidad de la deuda a corto plazo de carácter estructural que Cataluña tenía en sus manos. Y lo hará bajo el paraguas del FLA.

Este mecanismo cuenta con la ventaja de que las comunidades que se acogen a él pueden financiar sus compromisos financieros con el Estado a un interés muy bajo, sin la presión que ejercerían los mercados internacionales, mucho más pendientes de cualquier movimiento en las cuentas públicas para elevar los tipos de interés que piden a las administraciones de lo que lo vaya a hacer el Estado.

Este tipo de movimientos, como el acordado en la comisión bilateral de la semana pasada, son los que han permitido que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) pusiera en agosto en perspectiva positiva el 'rating' de Cataluña (B+) ante la posibilidad de la comunidad autónoma de conseguir refinanciar su deuda a corto plazo, como finalmente ha ocurrido. »Pensamos que la refinanciación exitosa de la deuda a corto plazo de Cataluña podría reducir las posibilidades de un incumplimiento de la deuda debido a la falta de coordinación entre la región y el Gobierno central español, un escenario que actualmente pesa sobre la calidad crediticia de Cataluña», ha argumentado S&P.

La lucha por la financiación

El verdadero problema que los responsables de la Generalitat exponen continuamente ante el Estado sigue siendo el del modelo de financiación. Los actuales dirigentes catalanes aspiran a un sistema como el que tienen actualmente País Vasco y Navarra, con la recaudación de todos los impuestos y la posterior liquidación por los servicios prestados por la Administración Central a través de un cupo. Pero la de la financiación autonómica es una cuestión que, por ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece que vaya a tocar. Sánchez ha reconocido en varias ocasiones que su Ejecutivo no va a poder «renovar» el sistema en los dos años que restan de legislatura por la falta de acuerdo político entre los partidos que gobiernan todas las regiones.

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