El PP exige al Gobierno que proteja más a Llarena

Pintada de la entrada de la vivienda que Pablo Llarena tiene en Sant Cugat del Vallés. /Alejandro García (Efe)
Pintada de la entrada de la vivienda que Pablo Llarena tiene en Sant Cugat del Vallés. / Alejandro García (Efe)

Registra una moción en el Senado y critica que ni Sánchez ni Delgado hayan condenado las agresiones

R. C.

El Partido Popular (PP) registró este sábado en el Senado una moción que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a adoptar las medidas de protección, adecuadas y efectivas, para el juez Pablo Llarena, su familia y el resto de magistrados que están sufriendo ataques por parte de grupos violentos de los independentistas catalanes.

La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, describe que el instructor del sumario del 'procés' ha sido desde el inicio de la causa víctima de una campaña de acoso por parte de los soberanistas. La última acción contra Llarena la protagonizaron la semana pasada dos encapuchados de Arran que llenaron de pintura amarilla el portal de su casa en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Previamente, recuerdan los populares, el magistrado del Tribunal Supremo fue increpado e insultado en un restaurante de la localidad gerundense de Palafrugell este verano. Unos meses antes las juventudes de la CUP hicieron sendas pintadas en frente de la puerta de su domicilio acusándole de «fascista».

Los populares apuntan que desde TV3 se emitieron las dos localidades donde el juez tiene residencia, así como el nombre y apellidos de su mujer, facilitando la campaña de acoso a Llarena y su familia.

El partido de Pablo Casado insta al Gobierno a perseguir a aquellas personas y grupos que han participado en la campaña de acoso contra el magistrado. Los conservadores critican además que ni el presidente, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta, Carmen Calvo, ni la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hayan condenado los ataques.

En su moción, el PP recuerda además que el Poder Judicial ya se pronunció en abril señalando que los ataques contra Llarena suponían «una manifiesta coacción sobre éste y su familia, que atenta contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas», y solicitaba que Interior pusiese los medios para proteger su integridad.

 

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