El Gobierno descarta aprobar el presupuesto de 2019 y mantendrá el prorrogado para este año

Pedro Sánchez. /Juan Medina (Reuters)
Pedro Sánchez. / Juan Medina (Reuters)

El calendario que maneja Sánchez para formar el nuevo Ejecutivo obligaría a tramitar en paralelo las dos Cuentas del Estado, algo que no ven factible

Amparo Estrada
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«Puedes pedirme cualquier cosa que quieras excepto tiempo», dijo Napoleón Bonaparte. Tras los resultados electorales, el Gobierno socialista está en condiciones de negociar con una alta probabilidad de éxito no sólo la investidura sino también las Cuentas del Estado. Pero lo que no tiene es tiempo para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019 que fue tumbado en el Congreso de los Diputados en febrero, lo que provocó la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez. Con el calendario que maneja el presidente en funciones para la formación del nuevo Gobierno, el tiempo que queda no da para tramitar y, sobre todo, negociar dos leyes de presupuestos en paralelo.

Sánchez no se plantea llegar a acuerdos para la investidura hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, y prevé poder formar Gobierno a partir de junio. Justo cuando está obligado a aprobar el techo de gasto para 2020, que debe recibir luz verde del Consejo de Ministros el 30 de junio. A partir de ahí, se iniciaría la tramitación normal del proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio: sería aprobado en Consejo de Ministros a finales de septiembre y comenzaría en octubre su tramitación en el Parlamento.

Las fuentes gubernamentales consultadas vaticinan que no se intentará aprobar el proyecto de presupuestos tumbado para aplicarlo este año, sino que es mejor centrar la negociación en el del próximo ejercicio y mantener el prorrogado en 2019. Eso supone continuar gobernando con unas Cuentas del Estado elaboradas por el Partido Popular -fue la última victoria parlamentaria de Mariano Rajoy, que pocos días después cesó tras la moción de censura promovida por Sánchez a raíz de la sentencia de la 'Gürtel'-. Precisamente este carácter de presupuesto 'popular' es lo que llevó a los socialistas -empezando por Pedro Sánchez- a insistir durante la campaña electoral en que su primera medida si ganaban las elecciones sería aprobar el presupuesto «social» que les habían tumbado. Tal vez era solamente mensaje electoral, tal vez contaban con obtener una mayoría más cómoda, o tal vez cambien de idea en el último momento.

Sin embargo, el calendario es el que es y no da tiempo a pactar dos Presupuestos, reconocen desde el Gobierno en funciones. Además, subrayan que los reales decretos de los 'viernes sociales' han permitido introducir medidas que llevaban en su proyecto de presupuestos, como la recuperación del subsidio para los parados mayores de 52 años, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros o la revalorización de las pensiones públicas. Si se dieran mucha prisa con el proyecto de presupuestos para 2019 y lo enviaran en junio al Congreso, su debate y posible aprobación en el Parlamento llevaría tres meses, con lo que hasta octubre no serían aplicables. No parece tener mucho sentido para aplicar unas medidas apenas dos o tres meses. Porque, además, las leyes de los nuevos impuestos deben aprobarse este año para que se apliquen a partir del 1 de enero.

Medidas aisladas

Aunque la decisión, obviamente, corresponderá al nuevo Ejecutivo, en el programa de estabilidad enviado a Bruselas el pasado martes ya se deja entrever que no habrá nuevos presupuestos para este año, aunque no descartan que se puedan seguir adoptando medidas aisladas que afecten a las cuentas. «Sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso, -señala el Ejecutivo en el texto remitido a la Comisión Europea- esta estrategia fiscal parte del escenario actual de prórroga presupuestaria en 2019 para el Estado y la Seguridad Social». Una estrategia fiscal que se basa en alcanzar un objetivo de déficit del 2% del PIB para este año, lo que supone un ajuste de unos 5.000 millones de euros respecto al año pasado.

Las nuevas figuras tributarias y subidas localizadas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades que estaban previstas en el Proyecto de Presupuestos para 2019 rechazado en las Cortes se dejan para 2020. «Dada la actual situación política, se plantea un escenario para 2020 sin medidas a excepción de tres elementos que el Gobierno actual ya había planteado: el paquete tributario incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las medidas de lucha contra el fraude y la creación de las dos nuevas figuras tributarias», dice el Programa de Estabilidad. Esas nuevas figuras tributarias son el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Con todas sus nuevas medidas sobre ingresos, el Ministerio de Hacienda calcula que recaudará anualmente 5.654 millones de euros más. Para este incremento de la presión fiscal, el PSOE prevé contar con el apoyo de Podemos, que también incluía en su programa electoral subidas impositivas.