La jueza abre la vía a actuar contra Casado al investigar a tres alumnas de su máster

Sospecha que se aprovecharon de su condición política para obtener el título y les reclama los trabajos antes de interrogarlas

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La citación en calidad de investigadas (nueva denominación procesal de imputadas) de tres compañeras de la promoción del máster que aprobó Pablo Casado complica el horizonte judicial del nuevo presidente electo del Partido Popular. La jueza Carmen Rodríguez-Medel decidirá si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo contra Casado, al ser diputado nacional y por lo tanto aforado, una vez tome declaración el jueves 2 de agosto a 12 personas, seis testigos y seis investigados, en la pieza separada «C» del llamado 'caso máster'.

Esta causa se refiere a las presuntas irregularidades en la obtención de la titulación de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por parte de varios alumnos del curso 2008-2009, entre ellos Casado, que hubiera sido igualmente citado como investigado de no ser por su condición de aforado, según señalaron fuentes jurídicas. En caso de que la jueza decida actuar contra él sería la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo quien analizaría los indicios penales contenidos en la citada exposición razonada.

Las tres alumnas señaladas ahora por la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid son María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación madrileña María Teresa Feito; Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Consejería de Educación de la Generalita durante la etapa de Francisco Camps; y María Dolores Cancio, que ha publicado varios estudios junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público en la universidad e investigado en el 'caso máster'.

En el caso de María Mateo Feito, se da la circunstancia de que tuvo dos cargos en los ministerios de Empleo y Economía durante el Gobierno pasado. Primero en 2012 como subdirectora general adjunta de Ordenamiento Jurídico Económico y luego, en 2014, como asesora de la Secretaría de Estado de Empleo. Asimismo, su madre fue la persona que presuntamente se personó en la universidad tras saltar la polémica del máster de Cristina Cifuentes, amenazando, según dijo una de las profesoras en sede judicial, con que «la presidenta las mataría si el acta (del Trabajo Fin de Máster) no aparecía».

La jueza ya ha solicitado el listado de llamadas entrantes y salientes realizadas el pasado 21 de marzo entre Álvarez Conde y la exasesora Feito para comprobar si hubo presiones. Otras de las pesquisas relacionadas con la pieza de Casado requiere a las tres investigadas que aporten sus trabajos de las asignaturas no convalidadas y «cualquier documento que evidencie que lo entregaron en el año 2009, ya sea un correo postal, un correo electrónico o cualquier otro documento».

Condición política

Del mismo modo, la jueza pidió a la Guardia Civil que antes del 6 de agosto «informe a este juzgado sobre la actividad laboral que desempeñaban durante el año académico el presidente electo del PP, las tres alumnas citadas como investigadas y otra estudiante, Susana de Valentín Grau». Este mismo cuerpo, como policial judicial, tendrá que elaborar un informe para aclarar si estas personas «directa o indirectamente a través de familiares directos, con anterioridad a esas fechas o durante el curso académico, tenían cargo público y especial vinculación con partidos políticos o con la propia URJC».

Esta mención deja bien a las claras la sospechas de la juezasobre las facilidades dadas a este tipo de alumnos (Casado era entonces diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones en Madrid). En su caso cursó cuatro de las 22 asignaturas gracias a la convalidación de 18, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios. Unos trabajos que la juez ha reclamado antes del 2 de agosto al director del máster Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos, después de que la universidad comunicara que no hay «rastro documental» de los mismos.

El nuevo líder del PP admitió en abril que no fue nunca a clase, no hizo exámenes y no hizo el trabajo final, equivalente al TFM, porque en aquel curso no era necesario por la transición hacia el modelo europeo del plan Bolonia. Y que estas condiciones las pactó con el director Álvarez Conde, pero la jueza ha citado el 2 de agosto a varios testigos para aclararlo.

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