El independentismo se encamina hacia el divorcio general en su momento más frágil

Concentración y caminata nocturna alrededor de la prisión barcelonesa de Lledoners. /Susanna Sáez (Efe)
Concentración y caminata nocturna alrededor de la prisión barcelonesa de Lledoners. / Susanna Sáez (Efe)

El enfrentamiento se da en todos los ámbitos ante la falta de liderazgos y la ausencia de una hoja de ruta

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

Los políticos presos eran una de las pocas argamasas que sellaban la imagen de unidad del independentismo. Ya ni eso. La huelga de hambre afloró las serias diferencias que hay entre los reclusos de Lledoners y que fueron la reproducción del cisma externo. En el ámbito político, todos están enfrentados con todos; en el civil, la ANC y Ómnium caminan por separado; y en la calle han surgido los primeros choques entre los que hasta ayer iban codo con codo en las manifestaciones.

Las razones de este divorcio múltiple hay que buscarla en la ausencia de liderazgos capaces y la falta de una hoja de ruta que fije el rumbo a un proceso soberanista desnortado. Quim Torra está amortizado para amplios sectores independentistas. Es un presidente vicario de Carles Puigdemont que no ha dado la talla, mientras el expresidente recluido en su refugio de Waterloo pierde presencia e influencia a medida que pasan los días. Torra, sin embargo, es el referente institucional al que en público nadie cuestiona. El cuestionamiento es por ahora subterráneo, como casi todo en esta última etapa del soberanismo.

La inexistencia de un calendario con objetivos es fruto de las discrepancias sobre la forma de dar un impulso al 'procés'. Puigdemont, Torra, Junts per Catalunya y la ANC mantienen viva la llama de la unilateralidad. Un camino ensayado sin éxito en 2017 y que culminó con la aplicación del 155, la destitución del Govern, la apertura del proceso judicial y la fuga de Puigdemont con varios consejeros. Esquerra, bajo el faro de Oriol Junqueras, y la mayoría neoconvergente del PDeCAT apuesta por el posibilismo para ensanchar las bases soberanistas, estancadas en la banda de los dos millones de votos en cada cita electoral desde hace siete años.

Todo un intercambio de papeles. Esquerra presionó a Puigdemont en aquellos vertiginosos 25 y 26 de octubre de 2017 para que no convocara elecciones, como pedían el Gobierno central y otros mediadores, y proclamara la república. Los convergentes, que buscaban una salida airosa, se vieron arrinconados y ante el temor a ser tachados de traidores se plegaron a los planes republicanos. Un año después, los de Esquerra son los templados, y los neoconvegentes, los rupturistas.

La huelga de hambre

La división política es endémica entre los independentistas. La pugna hunde sus raíces en décadas atrás. La novedad es que la fractura se reproduce en terrenos que parecían a salvo de esos traumas. El frente aglutinado en torno a los líderes presos no presentaba fisuras, o no eran apreciables. Hasta que llegó la huelga de hambre del 1 de diciembre. Era una medida extrema de la que se hablaba desde el mismo momento en que los acusados ingresaron en prisión.

Esquerra siempre se opuso porque la consideraba una presión inútil para cambiar las posiciones del Gobierno y de los jueces. Sus dos reclusos en Lledoners, Junqueras y Raül Romeva, no se sumaron al ayuno. Pero Junts per Catalunya buscaba limar el liderazgo reforzado en prisión del líder republicano y el de su partido en la calle. El expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, recibió la luz verde de Waterloo y se convirtió en el promotor de la huelga después de arduas discusiones que traspasaron algún tabique del centro penitenciario y arrastró a regañadientes a tres exconsejeros.

Los fines buscados, sobre todo la repercusión internacional, quedaron lejos. El Gobierno dejó claro que aquello no iba a variar su situación procesal y los jueces la ignoraron. Veinte días después, y cuando ya comenzaban los problemas de salud de algun huelguista, buscaron una salida digna a través del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo). Rafael Ribó armó el paraguas protector de los expresidentes de la Generalitat para que pidieran el fin del ayuno. Los huelguistas no se hicieron de rogar y el 20 de diciembre depusieron su actitud. Pero la fractura entre los presos ya estaba a la vista de todos.

Las movilizaciones contra el Consejo de Ministros celebrado al día siguiente en Barcelona evidenciaron que la crisis también estaba en la calle. Manifestantes encapuchados de los CDR eran reprendidos y abucheados por activistas contrarios a las protestas violentas. Algo se había roto. La revolución de las sonrisas ya era historia, se había convertido en otra cosa con ingredientes violentos y diferentes estrategias.

El independentismo no cuenta ahora con un proyecto aglutinante. Solo tiene en sus manos una utopía de imposible concreción política. Está construida sobre un relato plagado de falsedades, pero existe una masa social que reclama respuestas. Como dice el analista Lluis Bassets, «mintieron tanto y tan bien que no hay forma de que sus partidarios descrean de tantas y tan buenas mentiras».

Medio centenar de votaciones perdidas en el Parlament y tres leyes en un año

La ruptura entre Esquerra y Junts per Catalunya ha tenido un reflejo letal para sus intereses parlamentarios. Desde el 9 de octubre al 20 de diciembre, dos meses y medio, han perdido medio centenar de votaciones en la Cámara catalana. Ninguna fundamental, pero todo se andará en este camino de derrotas.

La división se produjo ante la diferente respuesta de ambos a la orden del Tribunal Supremo para suspender la condición de diputados a los procesados en la causa del 'procés'. Esquerra la acató y los reemplazó. JxCat se negó y cuatro de sus diputados, entre ellos Carles Puigdemont, no pueden votar. A esta circunstancia se suma que la CUP, con cuatro escaños, se desenganchó de la mayoría soberanista porque considera que tiene una deriva autonomista.

En resumen, lo que queda del bloque independentista suma 65 diputados, los mismos que Ciudadanos, PSC, PP y En Comú Podem. En caso de empate, la votación decae.

Unas derrotas que, por otra parte, no quitan el sueño a los independentistas porque la producción legislativa del Parlamento de Cataluña es mínima. Tres leyes en un año. Una para exigir el conocimiento del idioma británico a los universitarios, otra para la concesión de la renta de ciudadanía a las mujeres víctimas de violencia machista y la última para permitir la investidura a distancia del presidente de la Generalitat. La tercera fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy y el Constitucional la suspendió.

 

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