El juez toma hoy declaración a seis nuevos testigos en causa por la muerte violenta de Gabriel

Imagen de la asesina confesa junto al padre del pequeño/BC
Imagen de la asesina confesa junto al padre del pequeño / BC

Con estas comparecencias concluirá la tanda de testificales

EUROPA PRESS

El juez que instruye la causa contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), toma este jueves declaraciones a seis nuevos testigos, familiares y allegados del menor.

Con estas comparecencias se da por concluida la tanda de testificales acordadas en un auto de 3 de abril en el marco de una investigación que se sigue por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral, y sobre la continúa decretado el secreto de actuaciones.

Los cuatro testigos citados el día 10 ratificaron ante el magistrado Rafael Soriano lo manifestado a los agentes de la Guardia Civil durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño desde que se perdió su rastro el 27 de febrero.

Al margen del exnovio de Quezada, con quien regentó un establecimiento hostelero ubicado en Las Negras después de que ambos decidiesen trasladarse desde la ciudad de Burgos en la que residían y al que intentó implicar colocando una camiseta del niño en las inmediaciones de la depuradora de Las Negras, comparecieron un amigo de la pareja, una menor que es prima de Gabriel Cruz y su madre.

El juez acordó en el mismo auto en el que ordenaba la ronda de diez testificales prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esta resolución.

Cabe recordar que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, ex compañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Poco antes de la cita, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban «sin duda» a «uno de los días más duros».

El juez instructor les tomó declaración por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del niño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas.

Engaño

Durante este periodo, según considera indiciariamente la investigación y se recoge en el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la autora confesa de la muerte, «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño» y «mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte.

El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance «muy doloroso».

Ella estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última «aprovechó un momento temporal en el que sabía a solar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar» para, mediante «engaño» o «promesa de devolverlo pronto a jugar», llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.

El informe ampliatorio de la autopsia del niño señala que la muerte violenta se produjo entre «una o dos horas después» de comer. El preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó como causa de la muerte asfixia.

En su auto de ingreso en prisión, el magistrado sostiene que «resulta presuntamente incuestionable la participación» de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento «se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».

Indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar y que actuó supuestamente para tratar de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».

El juez destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas y cuyo contenido está en una pieza separada.

«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», concluye.

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