Detenido el marido de Ana Rosa por contratar a Villarejo para una extorsión

El empresario Juan Muñoz junto a Ana Rosa Quintana./Archivo
El empresario Juan Muñoz junto a Ana Rosa Quintana. / Archivo

La Policía arrestó al empresario Juan Muñoz, su hermano y el abogado de ambos y practicó registros en Sotogrande, Marbella y Madrid

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Policía Nacional detuvo este martes, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, al empresario sevillano Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, por contratar los servicios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde el pasado 3 de noviembre en el marco de la 'operación Tándem', la presunta trama policial que proporcionaba labores de gestión de crisis a particulares haciendo uso de medios públicos de seguridad.

Juan Muñoz, promotor de la construcción, inversor financiero y administrador de empresas de servicios, fue detenido por la unidad de Asuntos Internos de la Policía en Madrid junto a su hermano y el abogado de ambos. Los tres están investigados a raíz de unos indicios hallados en los registros de la 'operación Tándem', en los que habrían contratado los servicios parapoliciales de Villarejo para investigar y extorsionar a un abogado cuyos clientes le debían dinero.

A los arrestados les imputan delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión, según confirmaron fuentes de la Fiscalía. Además, se practicaron registros en domicilios y despachos de Sotogrande (Cádiz), Marbella (Málaga) y Madrid por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que se encuentra de apoyo temporal en el Juzgado Central de Instrucción Central número seis y que acaba de ser renovado seis meses más.

En el caso concreto que investigan los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, habrían contratado los servicios de Villarejo para hacer seguimientos a un abogado utilizando métodos policiales ilegales. Ahora los investigadores quieren conocer si los supuestos clientes del comisario preso, los hermanos Muñoz, conocían estas prácticas delictivas de un funcionario público -entonces dependía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía como «agente encubierto», según reveló él en una entrevista en La Sexta- y si finalmente la extorsión para cobrar la deuda se consumó.

Estas detenciones se produjeron el mismo día en que el juez De Egea, en contra del criterio de los fiscales, dictó el sobreseimiento provisional de dos piezas más de la causa que investiga a Villarejo, y que se suman al archivo decretada al también comisario Carlos Salamanca, exjefe policial del aeropuerto de Barajas entre 2006 y 2015. El juez no vio entonces un delito de cohecho en los valiosos regalos que le hizo «por amistad» un empresario con intereses políticos en Guinea Ecuatorial.

Con respecto a las dos piezas archivadas ayer por el juez, la primera trata de un encargo hecho por un bufete al comisario cordobés de 66 años y la segunda tiene que ver con la elaboración de un informe para la familia promotora de la lujosa urbanización de La Finca, en Madrid.

«Detectives privados»

En concreto, en la primera pieza llamada 'Iron' se investiga en encargo del bufete Herrero y Asociados a Villarejo para investigar a un despacho rival. El juez justifica que no hay indicios de la participación de los directivos del bufete -Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno- en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía.

Alega, además, que estas personas acudieron en 2012 a Villarejo porque se encontraban en una mala situación al marcharse varios trabajadores y fundar otro bufete, Balder IP, que supuestamente se llevó a clientes. De ahí que encargaran a una empresa de Villarejo, «en su calidad de detectives privados», un estudio sobre estas personas. Pese a ello, el juez no ve indicios de que éstos conocieran la función policial del comisario ni que éste interceptara comunicaciones o hiciera seguimientos.

La segunda pieza archivada, llamada 'Land', trata sobre un encargo hecho a Villarejo por Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, dueños de La Finca, por una supuesta 'guerra' familiar. Ambos fueron detenidos en mayo y quedaron libres. Estos archivos, junto a la libertad provisional decretada el 13 de julio al comisario Enrique García Castaño, serán recurridos por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, el tribunal que tendrá la última palabra.

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