Ricardo Costa declara al juez de la 'caja B' que «todos» los presidentes del PP conocían la contabilidad

Ricardo Costa se cubre los ojos tras consumarse su destitución «temporal» como secretario general y portavoz del PPVC. /Kai Försterling (Efe)
Ricardo Costa se cubre los ojos tras consumarse su destitución «temporal» como secretario general y portavoz del PPVC. / Kai Försterling (Efe)

Declara como testigo en los 'papeles de Bárcenas' y asegura que recibió «150.000 euros en billetes de 500» de un exjefe de FCC para las generales de 2008

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Por vez primera en la causa que investiga la presunta 'caja B' del PP nacional, contenida en los apuntes secretos del extesorero Luis Bárcenas entre 1990 y 2008, un ex alto cargo del partido ha confirmado al juez instructor la existencia de una estructura opaca de financiación. Se trata del otrora poderoso dirigente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa, secretario general bajo la presidencia de Francisco Camps entre 2007 y 2009, etapa de mayorías absolutas en la región.

De 46 años pero muy castigado en lo físico y emocional tras su reciente condena a cuatro años de prisión, Costa declaró este miércoles como testigo al juez José de la Mata que durante el tiempo en que ejerció el cargo «todos» los presidentes regionales del partido asumían las competencias sobre gestión y administración de las finanzas, y que esta estructura se reproducía también «a nivel nacional». Es decir, que las diferentes presidencias -desde la sede central hasta Valencia- conocían el funcionamiento de la caja, no solo los gerentes o tesoreros como ha alegado la defensa del PP en esta pieza de 'Gürtel'.

Durante dos horas de interrogatorio, Costa detalló lo que él conoce de primera mano y ya reveló en el juicio por la financiación irregular del PPCV, según comentó a la salida del juzgado el abogado Enrique Santiago, que representa a la acusación popular de izquierda Unida. En concreto, dijo el letrado, el exdirigente popular relató la estructura orgánica de su partido tanto a nivel nacional como regional, al tratarse de una formación «absolutamente jerarquizada», e indició que en Valencia era «una práctica habitual» del entonces vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos recibir dinero de empresarios de la Comunidad y entregarlo a la gerente del partido para ingresarlo en las cuentas en cantidades no superiores a 3.000 euros para eludir la ley de financiación de partidos.

«Ha dicho que era habitual que el señor Campos tuviera multitud de sobres y que había una caja fuerte en un despacho donde habitualmente se guardaba el dinero en efectivo para los actos electorales», apuntó el acusador de IU, que dijo que Costa reconoció ante el juez que él personalmente recibió en 2008 una entrega «de 150.000 euros en efectivo en billetes de 500», procedente del exdirectivo de FCC José Mayor Oreja. «Ese dinero era para la financiación de campañas electorales, concretamente para las generales de 2008», añadió.

600 millones en contratos

Asimismo, Costa aseguró en el juzgado que el mitin en el que participó el expresidente Mariano Rajoy en esta campaña nacional fue financiado en parte por estos pagos de empresarios, los cuales eran los que obtenían contratos públicos en la comunidad. «Más de 600 millones de euros en contratos fueron entregados a empresarios que habían hecho aportaciones», aseguró el ex secretario general del PPCV.

En el plano personal, el desgaste físico que ha evidenciado Costa se debe en buena parte a las amenazas telefónicas anónimas que está recibiendo él y su familia desde que desveló en el juicio el pago de comisiones de empresarios para financiar el partido a instancias de Francisco Camps. Una situación que contó al juez De la Mata ante la posibilidad de ofrecerle seguridad como testigo protegido en esta pieza separada de 'Gürtel'. Fuentes de la Audiencia Nacional comentaron ayer que el magistrado tomó nota de la denuncia del compareciente y decidirá en breve si le pide una escolta.

Costa fue condenado en junio pasado a cuatro años de cárcel por delitos electorales en las campañas de 2007 y 2008 y está a la espera del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Durante el juicio afirmó que Camps y el expresidente de las Cortes Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios los citados comicios, mostró además su arrepentimiento y pidió «perdón a la sociedad española y valenciana».

 

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