La ruptura de PSOE y PP condena al Poder Judicial a un bloqueo indefinido

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), junto a Manuel Marchena. (i/Efe
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), junto a Manuel Marchena. (i / Efe

Retiran a sus candidatos para el Consejo y abren un periodo interino que puede prolongarse hasta después de las elecciones

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

PSOE y PP consumaron su ruptura y han condenado al Consejo General del Poder Judicial a un bloqueo que nadie sabe cuánto puede durar. Ambos partidos, y Podemos, retiraron sus candidatos a vocales del gobierno de la judicatura que debían ser votados este jueves por el Congreso. La fractura no se va a resolver con un poco de árnica porque los populares han presentado en el Senado una reforma al sistema de elección de los consejeros para volver al sistema anterior a 1985.

Uno de los pilares que sustentaba al bipartidismo era el acuerdo sobre el Poder Judicial, que permitía a PSOE y PP tutelar al Consejo General del Poder Judicial en régimen de duopolio, con alguna concesión a los nacionalistas e IU. Pero ya nada será igual, la renuncia de Manuel Marchena a presidir el próximo Consejo tras la indiscreción del portavoz popular en el Senado ha dinamitado un consenso de 33 años. El presidente del Gobierno hizo hoy un último intento de recomponer la situación en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso, pero se encontró con la negativa del líder del PP.

Pedro Sánchez instó a Pablo Casado a reconsiderar su posición porque si el acuerdo, como reconocían los populares, era bueno antes de la renuncia de Marchena no podía dejar de serlo porque se filtrara el mensaje de Ignacio Cosidó que dejó a la vista de todo el mundo el control político del órgano de gobierno de los jueces. «A su lado -dijo el presidente al líder de la oposición- Rajoy es un moderado, y más serio que usted» porque para «tapar sus vergüenzas» por el whatsapp de Cosidó ha decidido romper un acuerdo clave para el modelo constitucional de España. «Cumpla con su pacto y permita la renovación» del Consejo, exigió el presidente del Gobierno, porque los problemas internos de un partido no pueden perjudicar el funcionamiento de las instituciones.

El líder del PP, de entrada, negó la responsabilidad de su portavoz en el Senado en la crisis porque quien puso patas arriba la negociación, dijo, fue el Gobierno al hacer público el nombre pactado para presidir el organismo. Lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo. Sentada esta precisión, Casado replicó que su partido no iba a «contribuir al desprestigio del Poder Judicial y a su descrédito institucional» con el mantenimiento de un sistema que ahora considera reñido con el «compromiso inequívoco» del PP con la separación de poderes.

Los populares escenificaron la ruptura del consenso con la presentación de una enmienda a la reforma de la Ley del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales. Pero todo fue tan deprisa y corriendo que copiaron la norma vigente en 1980, que incluye términos desaparecidos como las audiencias territoriales y juzgados de distrito y que la reforma de 1985 transformó en audiencias provinciales y juzgados de instrucción y de primera instancia. «No fue una improvisación, fue una reacción» con «pequeños errores», explicó la portavoz adjunta del PP en el Senado, Cristina Ayala, al registrar un texto con las correcciones pertinentes.

Vacío administrativo

El sistema que propone es que las asociaciones de jueces designen sin mediación de nadie 12 vocales, y el Congreso y Senado a cuatro cada uno. Un modelo modificado en 1995 por el Gobierno de Felipe González porque la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura copaba los consejeros asignados a los jueces, y había un desequilibrio entre la voluntad popular reflejada en el Parlamento y la composición del gobierno de la judicatura. Tras unas primeras resistencias, el PP asumió el modelo y lo mantuvo hasta esta crisis.

Con esta fractura entre los dos grandes partidos, el sistema judicial se enfrenta al vacío administrativo porque la ley no especifica nada para estos casos, salvo que si no hay renovación de los vocales el anterior Consejo prorroga su mandato hasta que se elija uno nuevo. De esta forma, Carlos Lesmes, con una fría relación con el PP, empeorada tras la crisis de las hipotecas, y con ninguna empatía con el PSOE seguirá al frente del Tribunal Supremo y del Consejo, aunque su mandato venza el 4 de diciembre.

No es la primera vez que ocurre porque en 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP bloqueó la renovación del gobierno de los jueces que, herencia del Gobierno de José María Aznar, tenía mayoría conservadora. De esa forma, Francisco Hernando siguió hasta 2008 al frente del Consejo con una mayoría de vocales propuestos por el PP aunque la mayoría parlamentaria era socialista.

En esta oportunidad, fuentes parlamentarias de los populares dicen no que tienen ninguna prisa por renovar a los vocales aunque saben que su pretensión de modificar el sistema de elección está abocada al fracaso. Al tener mayoría absoluta en el Senado, el PP puede sacar adelante la reforma en esa Cámara pero a continuación el texto vuelve al Congreso donde el PSOE está todavía en condiciones de reunir una mayoría contraria al cambio legislativo. El bloqueo será por tanto inevitable y habrá que esperar a las próximas elecciones generales en primavera u otoño próximos para reabrir la negociación con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

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