El Supremo estudiará el recurso de Urdangarín contra su condena el 21 de marzo

Entre los recurrentes figuran también la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Diego Torres y Jaume Matas | El alto tribunal decidirá si mantiene, reduce, anula o endurece las condenas

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La Sala II del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 21 de marzo a las 10.15 horas la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca, de 17 de febrero de 2017, sobre el caso Nóos. Entre los recurrentes figuran, entre otros, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas.

El alto tribunal estudiará esos y otros recursos y decidirá si mantiene, reduce, anula o endurece las condenas. En la sentencia del caso Nóos, la Audiencia condenó a 7 de los 18 acusados. Sin embargo, únicamente tres de ellos recibieron penas que implicarían el ingreso en prisión, en el caso de confirmarse: Urdangarin fue castigado con 6 años y 3 meses de cárcel; su exsocio Torres con 8 años y 6 meses, y el exministro Matas con 3 años y 8 meses.

Es decir, que del resultado de la vista del próximo 21 de marzo depende que entren o no en prisión los tres citados.

Esto es aún más claro si tenemos en cuenta el recurso del fiscal, que de ser asumido por el alto tribunal haría aún más duras las condenas. Así, para Iñaki Urangarín la Fiscalía del Tribunal Supremo pide incrementar la pena a 10 años de prisión.

Por su parte, la Abogacía del Estado pidió al Supremo un incremento de 10 meses en la condena de prisión a Iñaki Urdangarin por delitos fiscales en el caso Nóos. Urdangarin fue condenado en total a 6 años y 3 meses, de los que 2 años eran por dos delitos fiscales.

Además, el exduque fue condenado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. La Audiencia absolvió a la infanta Cristina, a quien sí consideró responsable civil, a título lucrativo, hasta 265.088 euros.

Las magistradas de la Audiencia impusieron penas menores, además de al expresidente balear, a los cuatro miembros de su Gobierno implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con el Instituto Noos.

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