La presión de la calle se vuelve en contra del Gobierno catalán un año después del 1-O

Quim Torra (a la izquierda) saluda a los estudiantes que se manifestaron ayer en Barcelona para conmemorar el referéndum ilegal. / Foto: EFE I Vídeo: Atlas

El presidente de la Generalitat exige la puesta en libertad de los políticos presos y el archivo de sus causas judiciales

CRISTIAN REINOBarcelona

El aniversario del 1-O constató que se han abierta grietas muy profundas entre el independentismo institucional y el secesionismo civil. Durante los seis años de proceso, estas dos ramas del movimiento soberanista han ido de la mano, pero la sociedad hace ahora aguas.

Doce meses después del primero de octubre, una jornada elevada a la categoría de mito por parte del independentismo porque supone un antes y un después en su desafío contra el Estado, por primera vez se escucharon ayer en la calle gritos exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat. Fue en la manifestación matinal de los CDR. Quim Torra pidió hace semanas un otoño caliente y la calle se le está calentando en su contra.

El independentismo radical, abanderado por los comités de defensa de la república y la CUP, arremetió contra el Gobierno autonómico por las cargas de los Mossos d'Esquadra contra los manifestantes secesionistas el sábado pasado en Barcelona. «Buch, dimisión», exigieron ayer en todas las movilizaciones que se celebraron en Barcelona. Hay choque porque consideran que el Ejecutivo catalán no da pasos explícitos para hacer efectiva la república. Ahí, los CDR, la ANC y la CUP coinciden: el líder nacionalista está haciendo autonomismo. «Queremos que el Gobierno y el Parlamento pasen de las palabras a los hechos», aseguró Elisenda Paluzie, presidenta de la influyente ANC.

Por la tarde, unas 180.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron en Barcelona, convocadas por la plataforma 1-O, y reiteraron las exigencias a Torra y a los partidos secesionistas. «Abandonad la sumisión al Estado y el autonomismo o dimitid», según el manifiesto leído al final. «No despreciéis el 1-O», señalaron. El presidente de la Generalitat y el del Parlament, que recibieron a las puertas de la Cámara catalana a un grupo de ciudadanos en representación de la manifestación, tuvieron que escuchar una sonora pitada. La revuelta de las sonrisas queda lejos.

Ante la presión de la calle («ni un paso atrás, desobedeced»), Torra trató de lanzar algunos guiños a los sectores más radicales para evitar el divorcio. Por un lado, reiteró su compromiso con hacer efectiva la república, declarada hace casi un año por el Parlamento catalán. «Reiteramos el compromiso con el mandato democrático del 1-O», afirmó en un discurso institucional a las puertas del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), donde el Gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria. En este pueblo tenía previsto votar hace un año Puigdemont y allí se produjeron las primeras cargas policiales.

Antes de la reunión del Gobierno catalán, en un acto en el consistorio gerundense junto al presidente del Parlamento, el presidente de la Generalitat llamó a los catalanes a «defender hasta el final» la república declarada el 27-O. «El 1-O es el día de la victoria», dijo. «Fue la semilla constituyente de la república», dijo. Y emplazó a la población catalana a «determinarse» cuando llegue la sentencia del Supremo contra los procesados por el 1-O. «No se juzgará a unos cuantos políticos, se juzgará al pueblo catalán», remató. Una pancarta de los CDR presidía el acto: «El pueblo manda, el Govern obedece». Torra quiso tener un gesto con sus «amigos» de los CDR y les animó a seguir con la lucha: «Apretad y hacéis bien en apretar». Le replicaron: «No nos mandes a los Mossos».

Torra sabe que a corto plazo la promesa de poner en marchar la república catalana es irrealizable. No tiene ni la fuerza parlamentaria ni el apoyo social para ello. Está por ver cómo gestiona las expectativas generadas.

Retórica sin hechos

La salida que le queda de momento es elevar el tono en plena conmemoración del 1-O porque necesita mantener la movilización y ganar tiempo a la espera del juicio del 1-O, cuyas sentencias cree que pueden abrir una ventana de oportunidad para estimular la movilización y avanzar hacia la independencia. Lo único que puede ofrecer ahora a la parroquia secesionista es retórica republicana. Trufada, eso sí, de gestión autonomista, con diálogo con el Gobierno, algo que pone de los nervios a los más radicales.

En el entorno de Torra comprenden que la gente les interpele para que aceleren los plazos, pero también piden calma. Para ilustrar dónde está el movimiento soberanista, estas mismas fuentes recurren al símil ferroviario de un AVE. A un tren que ha descarrilado no se le puede pedir que se ponga a 300 km/h de inmediato, ponen como ejemplo. «Primero tenemos que situarnos en los raíles y luego ya pondremos la velocidad de crucero», afirma un diputado republicano. El problema, reconoce, que es que los diferentes sectores del independentismo no han sido capaces aún de acordar una estrategia común. La división, un año después del 1-O, es el principal talón de Aquiles del movimiento.

El Govern eleva a 1.066 los afectados por el 1-O

El Gobierno catalán cifró ayer en 1.066 las personas que tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos como consecuencias de las cargas policiales de hace un año en el 1-O. Así, 991 personas fueron atendidas y diagnosticadas el mismo 1 de octubre «como consecuencia de las cargas de los cuerpos policiales del Estado» y entre el 2 y el 4 de octubre fueron 75. Solo cinco sufrieron «daños físicos» graves.

El informe sobre las consecuencias del referéndum, que la Generalitat dio a conocer ayer, detalla que un hombre sufrió un infarto, otro perdió un ojo, se registraron dos traumatismos craneoencefálicos y uno de hombro. El 82% de los heridos fue por contusión o policontusión y con diagnóstico leve. El memorial de daños del 1-O recoge también atendidos por crisis de ansiedad, arritmia, lipotimia o conjuntivitis. Además, doce agentes de las policías españolas y catalana fueron atendidos tras la jornada de votación.

En el informe , el Gobierno catalán señala que se clausuraron 120 webs y 712 alcaldes están investigados por la Fiscalía.

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