La Guardia Civil traslada a Zaplana a Madrid para registrar su despacho

Agentes de la UCO acompañana a Zaplana a su chalé en Benidorm./Morell (Efe)
Agentes de la UCO acompañana a Zaplana a su chalé en Benidorm. / Morell (Efe)

Los documentos incautados hasta ahora apuntan a que un matrimonio amigo era el testaferro del expresidente

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladan a Madrid a Eduardo Zaplana para el registro de su despacho profesional, desde donde creen los agentes que dirigía buena parte del entramado que ocultaba su fortuna en paraísos fiscales. La UCO tiene previsto registrar en Madrid el despacho profesional de Zaplana en la sede central de Telefónica en Gran Vía, y su nueva vivienda en la capital, en la calle Monte Esquinza de Madrid, muy cerca de la sede nacional del PP en la Calle Génova.

Los funcionarios –según responsables de la 'operación Erial'- ya se han incautado en las primeras horas de registros de documentos «relevantes» sobre la trama usada por Zaplana para esconder en el extranjero los más de 10,5 millones de euros que recibió en mordidas por adjudicaciones durante el tiempo que dirigió la Generalitat.

Esos papeles ya confirmarían la principal tesis de los investigadores: Zaplana usó a un matrimonio amigo, de máxima confianza, como testaferro. Ellos aparecen como titulares de buena parte de los bienes que el exministro de José María Aznar adquirió. Se trata de Joaquin Barceló Llorens y su esposa Felisa López González, detenidos el martes. Llorents fue responsable del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorn y de la dirección general de la Consejería de Turismo,

Años de Erial

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que seguían la pista del expresidente valenciano y exministro de José María Aznar, esperaron pacientemente a que Zaplana cometiera un error. Sabían que, a pesar de las abrumadoras pruebas de que había amasado una verdadera fortuna gracias a las mordidas durante los siete años que estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002) y en el periodo inmediatamente posterior a su presidencia, no había forma de llevarle ante un tribunal porque los delitos derivados de esas comisiones (el cohecho, la malversación o la prevaricación) estaban prescitos.

Pero el error llegó. Zaplana, que durante cerca de dos décadas logró ocultar ese patrimonio detrás de una complejísima madeja de empresas y oficinas en Panamá y Uruguay, decidió recientemente comenzar a repatriar esos fondos e integrarlos en los canales financieros legales. De nuevo, explican los responsables del operativo, usó una imbricada estructura con despachos y tentáculos en Luxemburgo, Andorra y Londres para hacer «aflorar» ese patrimonio, pero la UCO ya estaba detrás de esa inmensa operación de lavado de dinero negro. Los delitos, esta vez sí, eran nuevos y perseguibles, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

'Yonqui del dinero'

La Guardia Civil ya estaba sobre la pista de la inminencia de la operación de lavado, pero una coincidencia hizo confirmar sus sospechas, un papel encontrado en 2016 en el marco de la 'operación Taula' sobre la financiación irregular del PP valenciano en poder de Marcos Benevent, conocido como el 'yonqui del dinero', reveló nuevos datos sobre la maniobra de Zaplana.

Según las primeras estimaciones de los investigadores, la red que encabezaba el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana se habría hecho con cerca de diez millones y medio de euros en comisiones por adjudicaciones, particularmente con renovables eólicas y la privatización de las ITV.

El primer caso se refiere a las adjudicaciones irregulares a Sedesa del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en sus zonas V, VI y XI, ejecutado en 2006, pero que se diseñó durante la época en que Zaplana presidía la Generalitat. El conjunto del plan tuvo un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros.

La segunda fuente de mordidas del entramado que dirigía el exministro de Trabajo sería el plan de 1997 para la privatización de las estaciones de revisiones de vehículos por el que el Gobierno autonómico vendió la explotación por 25 años (prorrogables a 75) de una veintena de instalaciones por unos 37 millones de euros.

El nexo de unión de estos dos pelotazos era la familia Cotino, propietaria de Sedesa y beneficiaria principal de la privatización de las ITV. La Guardia Civil sostiene que este grupo empresarial fue el principal benefactor de Zaplana. La UCO detuvo ayer a los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía, exconsejero y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. En Barcelona fue arrestado Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, hombre de confianza en su etapa como jefe del Ejecutivo autonómico y expresidente del club de baloncesto Estudiantes.

Los agentes también capturaron al exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica y exdirector de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo, Joaquín Barceló Llorens, y a su mujer, Felisa López. Otro de los arrestados fue Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana, y exsecretario del consejo de administración de la CAM.

Además de estas siete detenciones, los funcionarios tienen previsto interrogar como imputados a otros siete sospechosos, entre ellos Juan Cotino (que declarará ante la Guardia Civil el jueves); la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; y Mitsuko Henríquez, la secretaria del exministro.

De forma paralela, y por orden de la juez Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, los agentes practicaron una quincena de registros, entre ellos en la Consejería de Economía, donde los funcionarios buscaron documentos del plan eólico; la vivienda de Zaplana en Valencia y su chalet en Benidorm, a donde fue llevado el exministro para el allanamiento; su despacho profesional en Madrid; o los domicilios particulares y oficinas del resto de los detenidos.

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