Catorce pueblos del entorno de Garoña ultiman el plan alternativo al cierre de la central nuclear

Vista panorámica de Santa María de Garoña y su entorno/David Aguilar /EFE
Vista panorámica de Santa María de Garoña y su entorno / David Aguilar /EFE

Los grupos de acción local y Sodebur trabajan en un documento, basado en el turismo, las telecomunicaciones, la formación y el empleo, que estará redactado este abril

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmaba días atrás que «hay tiempo de sobra» para buscar alternativas al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. La instalación ni siquiera ha comenzado la fase de predesmantelamiento, prevista para 2018, y el desmantelamiento en sí mismo llevará entre 10 y 15 años. Un tiempo durante el cual está garantizada, a juicio del ministro, la ocupación en la zona, de ahí que Nadal considere que «queda muchísimo tiempo» por delante para preocuparse por el futuro del área de influencia de la nuclear.

Sin embargo, los municipios afectados por el cierre de Garoña insisten en que urge diseñar un plan de reactivación económica, pues «no se hace en cuatro días». Y menos en una zona como los entornos de la central nuclear, cuya actividad ha estado marcada durante los últimos cuarenta años por Garoña. Por ese motivo, los catorce pueblos ubicados en un radio de 10 kilómetros de la planta energética trabajan ya en un plan de desarrollo, que estará concluido para finales de abril.

A 10 kilómetros de Garoña

El plan de desarrollo implica a los 14 municipios más próximos a la central nuclear, ubicados en un radio de 10 kilómetros. Estamos hablando de Valle de Tobalina, Frías, Oña, Partido de la Sierra en Tobalina, Jurisdicción de San Zadornil, Bozoó, Miraveche, Pancorbo, Merindad de Cuesta Urria, Cascajares de Bureba, Encío, Santa Gadea del Cid, Lantarón y Valdeogovía

La alcaldesa de Valle de Tobalina, municipio en el que se enclava Santa María de Garoña, Raquel González, explica que el plan lo están elaborando los agentes de desarrollo de los grupos de acción local CEDER Merindades, Adeco Bureba, Cuadrilla de Añana y Sodebur. Se trata de un plan que determinará las necesidades de inversión y promoción en la zona, la más afectada por el cierre de la nuclear, en aspectos relacionados con el turismo, las telecomunicaciones, la formación y la creación de empleo, prioridades marcadas por los pueblos afectados.

El Ministerio de Energía espera ese plan antes de tomar decisiones sobre ayudas, inversiones o proyectos de reindustrialización para el área de influencia, que acabar las comarcas de Las Merindades, Miranda de Ebro y La Bureba. Así se lo indicaron desde la Secretaría de Estado de Energía en una reunión reciente mantenida con la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

Una vez elaborado el documento se dirigirán al Gobierno central, asegura González, pues el Ministerio no va a elaborar ningún plan Garoña por su cuenta. «Ellos están esperando que nosotros planteemos las líneas de desarrollo» antes de decidir cómo gestionar la reactivación económica del área de influencia.

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La alcaldesa de Valle de Tobalina insiste en que «parecerá que hay tiempo pero nosotros sentimos no que no es así». Además, los entornos de Garoña no quieren convertirse en un segundo Zorita. Tras el cierre de la nuclear, la zona «se ha deprimido considerablemente, se han cerrado negocios y ha disminuido la población». De la misma opinión es José Luis Gómez, alcalde de Frías, otro de los municipios incluidos en el plan de desarrollo, quien afirma que «no quieren quedarse aislados».

Gómez recuerda que, en los últimos años, se han hecho muchos estudios socioeconómicos, pero lo que se necesita es «un buen técnico que guíe para dinamizar la zona», promocionando los recursos patrimoniales existentes y aprovechando las oportunidades económicas, pues «recursos tenemos muchos».

Entre ellos, el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, ha recordado Arturo Pérez, alcalde de Oña. El edil afirma que lo más importante es que las administraciones «se tomen en serio» el futuro del área de influencia pues «bastante tiempo se ha perdido ya». No se ha querido asumir el cierre de la central nuclear hasta el pasado agosto, cuando Energía confirmó la denegación de la prórroga solicitada por Nuclenor (empresa propietaria) y ahora «nos ha pillado sin nada», sin alternativas ni propuestas de reactivación.

Una central parada pero segura

Así las cosas, los municipios del entorno confían en que el plan de desarrollo sirva para dar los primeros pasos hacia un programa de reindustrialización, pues de lo contario la zona se quedará «desértica». Mientras, el alcalde de Frías insiste en que la orden de cierre no debe suponer una relajación de las medidas de seguridad.Los planes de emergencia deben seguir funcionando como hasta ahora, reclama José Luis Gómez, y así se está haciendo.

10 millones por almacenar combustible

La Junta de Castilla y León tramita, en fase de información pública, la ley que permitirá implantar un gravamen específico por el impacto ambiental generado por la acumulación de residuos nucleares, que supondrá unos ingresos medios anuales de 10 millones de euros. Una cantidad que, según han asegurado desde el Ejecutivo autonómico, se destinará a financiar la reindustrialización de la zona de influencia de Garoña.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, insistía días atrás en que la Junta colaborará con el Gobierno central en cualquier medida de reactivación. Sin embargo, es el Ministerio de Energía el que debe «dar el primer paso». Y así se lo reprochan también desde el PSOE. La secretaria general del PSOE en Burgos, y diputada nacional, Esther Peña, recuerda que la única medida que se ha puesto en marcha, tras decretarse el cierre de Garoña, es este impuesto, insuficiente para abordar una reindustrialización.

Peña reclama un plan integral, que abarque las tres comarcas afectadas, Las Merindades, Miranda de Ebro y La Bureba, y que evite que «los ayuntamientos compitan entre sí». La diputada espera que el Gobierno central haya tenido en cuenta Garoña y, en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de marzo, se incluyan partidas para la reindustrialización.

Pedro San Millán, representante de UGT en el Comité de Empresa de Garoña, insiste en que el mantenimiento de la seguridad de la planta en una de las prioridades de la plantilla. Tras el expediente de regulación de empleo, en estos momentos, trabajan en la central 119 profesionales, más otros 120 que acceden a diario para trabajos administrativos y labores de compactación de los residuos de baja y media actividad (ropas, herramientas…).

Trabajan «dentro de la normalidad», afirma San Millán, mientras esperan que se tramiten los procedimientos para el desmantelamiento de la planta. Los residuos de baja y media actividad se trasladarán al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). Mientras, los 2.500 elementos de combustible almacenados en la piscina de Garoña tendrán que ser trasladados al almacén temporal individualizado (ATI) de Valle de Tobalina. Están esperando la llegada de los contendores, prevista para finales de primavera, para iniciar el traslado, pues las obras ya están concluidas y el ATI, dispuesto para su uso.

Por su parte, en Valle de Tobalina reclaman algún tipo de «compensación» ante la obligación de almacenar el combustible nuclear, habida cuenta de que el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, destino último de los residuos, no está ni se les espera. «No es justo» que, tras 40 años con Garoña, ahora también tengan que asumir el almacenamiento de sus residuos, apunta la alcaldesa, Raquel González.

 

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