Los conductores de Burgos, los más sancionados de Castilla y León

Los conductores de Burgos fueron los más sancionados de Castilla y León en 2022. Así lo advierten los datos de la Dirección General de Tráfico, que apuntan a 8.563 sanciones y la pérdida de 32.859 puntos, el 39,7% del total de los 82.611 puntos requisados en la comunidad por los distintos ayuntamientos de capitales de provincia.

Junto a los burgaleses, vallisoletanos y palentinos siguen en esta negativa estadística vial y, entre los tres, concentran más del 82% del total de las denuncias y el 83,4 % del acumulado de los puntos retirados por los Consistorios de las nueve grandes ciudades de Castilla y León.

Así, tras las cifras de los conductores de Burgos, los siguientes que más castigados son los de Valladolid con 5.894 denuncias y 20.993 puntos (24,4 %). En tercera posición aparecen los de Palencia, con 4.129 multas y 15.069 puntos (18,2 %).

En el extremo opuesto se encuentra Soria, donde la Policía Local impuso 375 sanciones que supusieron la pérdida de 1.518 puntos, y Zamora, con 457 multas (-1.644 puntos). En León las sanciones ascendieron a 912 (-2.692 puntos); en Segovia fueron 781 (-2.857); en Salamanca, 757 (-2.249) y en Ávila, 754 (-2.730).

Para estas fechas festivas, un total de 15.967 conductores de la provincia de Burgos se encuentran en riesgo de perder su permiso de conducir durante esta Navidad. Sobre una cifra oficial de 214.347 conductores censados en la provincia de Burgos en el portal estadístico de la DGT, 15.967 conductores tienen menos de 11 puntos en su permiso de conducir o cuentan con un saldo 0, cifra que representan un 7,44 % del total de conductores.

Especialmente llamativo es el caso de la capital burgalesa, donde un total de 7.987 conductores se encontrarían en esta situación. Aranda de Duero o Miranda de Ebro cuentan, respectivamente, con 1.398 y 1.361 conductores en riesgo de poder perder su permiso de conducción.

A nivel nacional, las ciudades españolas impusieron sanciones a 431.620 conductores, resultando en la pérdida de 1,6 millones de puntos en 2022. Madrid encabezó esta lista al retirar 412.000 puntos, representando el 25 % del total nacional. La capital también lideró en multas, con un total de 107.500, superando significativamente a Barcelona, que registró 20.153. Valencia y Zaragoza ocuparon el tercer y cuarto lugar en la retirada de puntos, con 9.828 y 9.444 multas, respectivamente.

En el caso de Castilla y León, la mayor parte de las infracciones que han supuesto la pérdida del puntos, 12.637 -el 55,8 % del total- se producen por los denominados 'foto rojo', las cámaras que se instalan juntos a los semáforos con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la detención de los vehículos. La instalación de estos controvertidos sistemas es la principal razón que marca las diferencias entre ciudades.

Tras el 'foto rojo', el exceso de velocidad se convierte en la segunda infracción con 5.605 denuncias (24,7 %), por delante de los positivos de alcohol, con 1.085 (4,7 %); la no utilización del casco, el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, con 890 (3,9 %); el uso del teléfono móvil, con 865 (3,8 %) y los positivos por drogas, con 109 (0,4 %).

Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA), su presidente, Mario Arnaldo, denuncia que la falta de premura de los ayuntamientos a la hora de comunicar las sanciones a Tráfico crea «inseguridad jurídica» a los conductores y, además, provoca que «no exista una relación evidente» entre la población de los municipios o el número de conductores y el número de sanciones con detracción de puntos.

Por otro lado, Arnaldo critica que estos sistemas no tienen «nada que ver» con la seguridad vial y solo son «cajas registradoras» de los Consistorios. En esta línea, el presidente de AEA recalca que ya son muchas las sentencias que anulan las denuncias impuestas por estos sistemas y sostiene que, aunque la normativa establece que las sanciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser comunicadas a la DGT en el plazo de 15 días naturales, «en la práctica no siempre es así».

«En España hay 8.000 ayuntamientos y la mayoría no comunica las sanciones a la DGT en el plazo estipulado. La aplicación del permiso por puntos en el ámbito urbano se está realizando en nuestro país de forma arbitraria y caprichosa», sentencia. Desde la entrada en vigor del carné por puntos allá por el 1 de julio de 2006, más de 10 millones de conductores han perdido algún punto y más de 300.000 se han quedado sin licencia al agotar la totalidad del crédito.

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