El Gobierno lleva al Constitucional a la Junta de Castilla y León por el impuesto a la central de Garoña

Central Nucelar de Santa María de Garoña. /Burgos Conecta
Central Nucelar de Santa María de Garoña. / Burgos Conecta

El Ejecutivo argumenta que la administración autonómica está cobrando una tasa de sostenibilidad energética que ya está contemplada en los impuestos estatales

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El Gobierno ha acordado este viernes que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a la Junta de Castilla y León por cobrar un impuesto de sostenibilidad energética que ya se encuentra dentro de los tributos estatales, en referencia a la tasa que grava el almacenamiento temporal de residuos en la central de Santa María de Garoña.

Según recoge Europa Press, la comunidad autónoma se basa en el artículo único de la Ley 6/2018, -en la que se establece un impuesto sobre la afección medioambiental- en el que Castilla y León incluyó una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de residuos radioactivos. Pero el Ejecutivo ya estableció en la Ley 15/2012 medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un impuesto sobre la producción de combustible nuclear. Por lo que, el Gobierno ha considerado que Castilla y León incurre en un supuesto de doble imposición, autonómico y estatal, sobre la producción de combustible nuclear gastado y sobre residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctirca.

Además, el Consejo de Ministros lo ha acordado apoyándose en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la que se indica que no deberían gravarse todas o algunas de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado dentro de una central nuclear y dirigidas a la correcta gestión de dicho residuo, ya que la fundamentación del gravamen ya forma parte de los impuestos estatales.

El Gobierno ha tomado esta decisión después de no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones que ha mantenido con la Junta de Castilla y León.

Por su parte, desde la Consejería de Economía y Hacienda no se ha querido valorar el recurso hasta conocerlo con detalle y, en todo cado, el consejero, Carlos Ferández Carriedo, ha insistido en que la Junta velará por la defensa de los intereses de la Comunidad.