Insisten en las irregularidades de la ampliación del cementerio de Las Machorras

Cinco personas se sientan en el banquillo de los acusados desde ayer./GIT
Cinco personas se sientan en el banquillo de los acusados desde ayer. / GIT

Los dos concejales del PP que denunciaron las obras y varios testigos ratifican que los trabajos de ampliación del cementerio comenzaron en agosto de 2013 sin ningún permiso

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

«Nadie puede negar» que en agosto de 2013 ya se estaban acometiendo las obras de ampliación del cementerio de Las Machorras. Ni que dichos trabajos se estuvieran realizando sin los preceptivos permisos. Eso es lo que ha declarado esta mañana Pilar Martínez, concejala del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, quien, junto a su compañero del PP, Juan José Angulo, presentó la denuncia que ha acabado con el exalcalde de Espinosa, el alcalde pedáneo de Las Machorras y otros dos concejales del anterior Equipo de Gobierno en la Audiencia Provincial acusados de sendos delitos de prevaricación. También está acusado el entoces arquitecto municipal, a quien se le imputa un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión.

Según ha declarado Martínez ante los magistrados, fue ella misma quien, tras conocer que se estaban produciendo algunos trabajos en la zona, solicitó información al respecto a la secretaria municipal y al Equipo de Gobierno de Espinosa. Una información que, ha asegurado, no se entregó porque «no había nada». Ni proyecto, ni solicitud de segregación de la parcela donde se acometió la ampliación ni licencia de ningún tipo.

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Lejos de darse por satisfecha, ella y su compañero pidieron formalmente la «paralización» de los trabajos a finales de agosto. Una petición que, ha explicado, fue respondida «el 8 de octubre» de aquel año. La respuesta del Equipo de Gobierno fue que «no cabía paralizar las obras porque no había obras que paralizar». Y esa afirmación, ha insistido, fue una «tomadura de pelo».

Y es que, según ha subrayado, las obras comenzaron en el mes de agosto y se podía observar su avance a simple vista. Así de hecho lo inmortalizó en una serie de fotografías tomadas los días 8 y 9 de octubre en las que se ve movimiento en la parcela y que fueron registradas en el Ayuntamiento de Espinosa. «Demostramos que se estaban realizando las obras», pero «no se paralizaron» hasta enero a pesar de que no se había tramitado el expediente, ha indicado. Por eso, ha añadido, los dos concejales 'populares' decidieron interponer la denuncia. «Se se hubiera comenzado en ese momento a tramitar el expediente hoy no estaríamos aquí».

En la misma línea se ha expresado su compañero de partido, quien, a pesar de no residir en Las Machorras, también asegura haber visto cómo se acometían los trabajos, una declaración ratificada por los propios trabajadores que los llevaron a cabo. Y es que, quien fuera jefe de obra, un cantero vecino de la zona, ha confirmado ante el tribunal que la Junta Administrativa de Las Machorras le dio de alta en la Seguridad Social el 12 de agosto.

Durante meses

Tanto él como los otros tres trabajadores que participaron en las obras han pasado por el banquillo de los testigos, insistiendo en que en los primeros momentos se hizo acopio de material y se comenzó a levantar el muro de contención sobre el que posteriormente se explanó la parcela para ponerla a la altura del antiguo cementerio.

Un cementerio que, por cierto, es propiedad de la diócesis y que según el entonces párroco de la localidad, sufrió daños durante las obras. No en vano, ha asegurado, el 11 de noviembre descubrió que se había tirado el muro que separaba el cementerio de la parcela colindante sin pedir «permiso». Un muro que a día de hoy no se ha restituido a pesar de las instancias del Arzobispado.

El 27 de abril

Con todo, esta segunda jornada del juicio, en la que se ha puesto de manifiesto que «no siempre» se han solicitado permisos de obra para actuaciones en diferentes pedanías de Espinosa, no pone final al proceso. La extensión de las declaraciones ha impedido dar cuenta de todas las citaciones que estaban previstas. De hecho, falta por testificar la secretaria municipal, sobre la que los acusados cargaron ayer parte de la responsabilidad. En principio, ella prestará declaración el próximo 27 de abril, cuando se retomará la vista oral.

 

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