Una juez de Pozoblanco procesa a La Manada por otro abuso sexual a una chica

José Ángel Prenda fue quien grabó las imágenes./Efe
José Ángel Prenda fue quien grabó las imágenes. / Efe

La magistrada aprecia además un delito contra la intimidad por grabar y difundir en un chat imágenes de los tocamientos

CECILIA CUERDOSevilla

Abuso sexual, delito contra la intimidad y maltrato. Los cuatro miembros de La Manada implicados en los supuestos tocamientos a una joven semiinconsciente en el interior de un vehículo en Pozoblanco (Córdoba) ya conocen los delitos que la juez les atribuye al terminar la instrucción, y que supondría sumar nuevas condenas de hasta 3 años de cárcel a la sentencia de nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven en los sanfermines de 2016. Las partes tienen ahora diez días para formular sus escritos de acusación con las penas solicitadas o pedir el sobreseimiento de la causa.

El procedimiento afecta a cuatro de los jóvenes implicados en los hechos de Pamplona: el exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo; Jesús Escudero, el ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero, y José Ángel Prenda. Todos ellos están desde finales del mes de junio en libertad provisional a la espera de que se resuelvan los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Pamplona que les condena a nueve años de cárcel, una resolución que podría llegar en breve. El único que no participó en los abusos de Pozoblanco, ocurridos en mayo de 2016, es decir, dos meses antes, es Ángel Boza, el más joven del grupo y que en estos momentos permanece en prisión preventiva por el robo con violencia de unas gafas de sol en Sevilla a comienzos del mes de agosto.

El auto de procesamiento dictado por el juzgado de instrucción 1 de Pozoblanco pone fin así a una investigación iniciada hace dos años, cuando a raíz de la detención de los jóvenes en Pamplona se revisan sus teléfonos y se descubren unas sorprendentes imágenes de tocamientos a una chica que no reacciona, acompañadas de conversaciones en las que se la describía como «bella durmiente» y se aludía al presunto abuso sexual mediante el suministro de alguna droga. La policía foral, por mandato judicial, localiza a la supuesta víctima en Córdoba, una joven de 21 años que les contó que, aunque comentó lo ocurrido a unos amigos, no se atrevió a denunciarlo formalmente porque no lo recordaba bien lo que pasó.

Es su denuncia con esas imágenes la que abre paso a una nueva investigación. Sin embargo, las defensas de los imputados se aferran a ese procedimiento desde Pamplona para anular la causa, alegando que no se cedieron los móviles para una investigación retrospectiva y que por tanto las imágenes se obtuvieron de forma «ilegal».

Según consideró el juez de Pamplona al mandar a Córdoba las diligencias, resulta «indiciariamente acreditado» que el exmilitar, destinado en esas fechas en Córdoba, ofreció a la víctima acompañarla a su domicilio en un vehículo tras conocerla en las fiestas de un municipio cercano, Torrecampo. Nada más entrar en el coche y sentarse en el asiento del copiloto, la joven cayó «en un estado de profunda inconsciencia», lo que aprovecharon los jóvenes para manosearla, «tocándole los pechos» y besándola entre risas. Al llegar a Pozoblanco, la joven se despertó «completamente desnuda en el asiento de atrás» y con la ropa y las medias rotas.

En ese momento, su acompañante le pidió que le practicara una felación, y tras negarse a ello el chico la golpeó «dos veces en la cara y otra en el brazo» y la echó del coche, hechos por los que el juez instructor atribuye además un delito de maltrato de obra a Alfonso Jesús Cabezuelo.

La juez entendió que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de abusos sexuales y contra la intimidad, ya que la víctima, que entonces tenía 21 años, en ningún momento autorizó la grabación o la difusión de las imágenes, según ratificó en el juzgado. El código penal establece una pena de prisión de uno a tres años para los abusos sexuales no consentidos sobre personas privadas de sentido o con la voluntad anulada, mientras que por el caso de maltrato, el exmilitar sumaría además otra condena de entre tres meses y tres años de cárcel.

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