Los extranjeros tendrán sanidad gratuita a los 90 días de residir en España

Varios migrantes en un polideportivo. /EP
Varios migrantes en un polideportivo. / EP

Los 'sin papeles', no obstante, serán atendidos desde el mismo día de su llegada si acreditan su «vulnerabilidad» ante los servicios sociales

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La propuesta de real decreto-ley que la ministra de Sanidad presentó hoy a sus homólogos autonómicos para recuperar la sanidad universal prevé que todos los residentes en España, nacionales o extranjeros, con permiso legal o sin él, tendrán derecho a una asistencia sanitaria pública y gratuita completa y «en igualdad de condiciones».

Es la fórmula de Carmen Montón para cambiar el real decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 y que dejó a los inmigrantes 'sin papeles' sin derecho a la asistencia sanitaria pública, con la excepción de las embarazadas, los menores o de la atención hospitalaria de urgencias para los adultos.

En definitiva, dijo la ministra al final del Consejo Interterritorial de Salud, se trata de volver a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública con el concepto de ciudadanía y residencia y de desligarlo de la cotización a la Seguridad Social, que fue lo que dejó fuera de la atención primaria hace seis años a los inmigrantes sin permiso de trabajo.

Sin embargo, el documento, que aún puede sufrir modificaciones en las próximas semanas, prevé incluir en el decreto una serie de «garantías» para compaginar que nadie que lo necesite se quede desatendido con que no se produzcan «abusos», según explicó Montón.

La primera es que para que a un extranjero se le considere residente, y por lo tanto tenga acceso completo a la sanidad pública, deberá poder acreditar que vive en España desde hace más de 90 días. La lógica es evitar que extranjeros -el visado turístico extracomunitario se concede por un máximo de tres meses- que cuentan con su propios seguros médicos públicos o privados traten de hacer un uso interesado de la sanidad gratuita española. No obstante, para que esta previsión no deje desatendidos a los 'sin papeles', el borrador también contempla que los inmigrantes puedan contar con atención sanitaria pública desde el día de su llegada a España siempre que un informe de los servicios sociales certifique su situación de «vulnerabilidad» y falta de recursos. El documento de principios básicos prevé que los extranjeros irregulares paguen por los medicamentos con receta lo mismo que los españoles activos con ingresos inferiores a 18.000 euros, el 40% del precio.

La segunda excepción es una petición de la Organización Nacional de Trasplantes. El proyecto prevé -también para esquivar el turismo sanitario- que para poder entrar en la lista de espera de la ONT para un trasplante de órganos sea necesario demostrar más de dos años de residencia en el país. La tercera limitación trata de evitar que extranjeros indocumentados de paso por España usen su tarjeta para obtener atención sanitaria pública en otros países de la UE. Por ese motivo, el documento solo garantizará la obtención de una asistencia gratuita completa en España.

Unos contra otros

En lo único en que estuvieron de acuerdo todos los consejeros durante la reunión fue en la necesidad de unificar en todas las autonomías los criterios para garantizar la atención sanitaria a los sin papeles, que cada una ha regulado a su manera para esquivar el decreto de 2012. Los de gobiernos en que participa el PSOE cerraron filas con Montón y dijeron que el cambio del decreto-ley es indispensable para dar «seguridad jurídica» a la sanidad universal, a lo que añadieron que no es precisa financiación adicional para aplicar la reforma.

Los consejeros populares, por contra, solo vieron en la iniciativa de Montón electoralismo, pues aseguran que el decreto 16/2012 ya no es un problema porque todos han resuelto la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. No creen que haga falta reformar el decreto y dicen que bastaría con un acuerdo de ministerio y autonomías para usar iguales criterios. Lo que sí tienen claro es que la modificación exigirá de más financiación del Estado para atender la nueva realidad, y la calcularon en unos 1.200 millones de euros anuales.

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