Una auditoría analizará el coste de servicios que presta la sociedad del Hospital de Burgos

Imagen exterior del Hospital de Burgos. /Ical
Imagen exterior del Hospital de Burgos. / Ical

El Consejo de Cuentas se halla en plena fiscalización de gastos no sanitarios en cuatro centros hospitalarios, lo que permitirá comparar la gestión por concesión con la que presta Sacyl

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

Los auditores del Consejo de Cuentas de Castilla yLeón están inmersos en la elaboración de un informe que permitirá comparar la gestión concesional del Hospital de Burgos, muy ­cuestionada por los partidos de la oposición y plataformas en defensa de la sanidad pública, y la que realiza ­directamente Sacyl en otros tres grandes ­hospitales de gestión totalmente pública. Los profesionales del órgano que se encarga de velar por el correcto empleo de los fondos públicos y la limpieza de las contrataciones por parte de las administraciones de la comunidad trabajan en estos momentos en el análisis de gastos no sanitarios de cuatro hospitales: el Río Hortega, el de León, el Clínico de Salamanca y el Hospital de Burgos.

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«Se trata de partidas que tienen una repercusión económica muy considerable», explica Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas. Bajo esa etiqueta de gasto hospitalario no sanitario encaja la seguridad y vigilancia, la limpieza, la lavandería o la cocina, entre otros.

Sacyl se encarga de contratar o prestar directamente esos servicios en los centros seleccionados de Valladolid, Salamanca y León, pero no en el de Burgos, único de Castilla y León construido en régimen de concesión y en el que una sociedad participada por ocho grupos empresariales gestiona catorce servicios: suministro de energía, gases medicinales, centro de comunicaciones y tecnologías de la información, abastecimiento y tratamientos de agua, restauración y cafetería, lavandería, esterilización, logística, aparcamientos, limpieza e higienización, vigilancia y seguridad, jardinería y mantenimiento del edificio, instalaciones y equipos.

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El informe que a lo largo de este año culminará el Consejo de Cuentas proporcionará un análisis comparado de esos gastos que se consideran no sanitarios, pero que son imprescindibles para una correcta atención a los pacientes. La auditoría está recogida en el plan anual de fiscalizaciones del año 2018. Ese plan de trabajo no incluyó la fiscalización del contrato de la concesión del Hospital de Burgos, que exigían PSOE y Podemos y que ha sido objeto de una comisión de investigación parlamentaria esta legislatura, pero sí se incorporó este informe sobre el gasto hospitalario no sanitario en el que uno de los cuatro centros auditados será el burgalés.

Educación concertada

Además de los informes obligatorios por ley, encabezados con la cuenta general de la comunidad y el de contratación de la Junta, el Consejo de Cuentas aborda otros de ámbitos más concretos.

Presupuesto y plan de trabajo para 2019

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Millones de euros de presupuestos tuvo el Consejo de Cuentas en 2018 (está prorrogado para 2019). El organismo fiscalizador cuenta con una plantilla de 68 personas, a la que se incorporará un auditor de sistemas informáticos y un documentalista.
Aplicación de la Ley de Dependencia
Es una fiscalización sobre las prestaciones y las aportaciones tanto públicas como de copago de los usuarios que se realiza en coordinación con el Tribunal de Cuentas estatal. Abordará también los plazos de gestión y permitirá ofrecer una visión nacional de la atención a la Dependencia.
Eficacia de las políticas activas de empleo
Otro de los informes previstos analizará la eficacia de los fondos que se destinan a las políticas activas de empleo, a la formación y a la intermediación laboral. El Consejo de Cuentas ya auditó este área y ahora efectuará un seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones que efectuó.
Medidas municipales contra la despoblación
Los técnicos del Consejo de Cuentas fiscalizarán la aplicación por parte de ayuntamientos y diputaciones de medidas aprobadas en las Cortes para combatir la despoblación. Analizará si se han puesto en marcha, hasta qué punto han sido eficaces y cómo ha evolucionado la población.

El plan de trabajo aprobado en 2018 incluyó un informe sobre el servicio deficitario de transporte público (la inmensa mayoría de rutas en Castilla y León) y otro sobre la Fundación Siglo, que es en la práctica el brazo ejecutor de la Consejería de Cultura y Turismo. A estos dos se suma otro trabajo que analizará los gastos de funcionamiento en los centros docentes sostenidos con fondos de la Junta, tanto públicos como concertados.

El Consejo de Cuentas no remitirá informe alguno a las Cortes de Castilla yLeón (es el ­procedimiento habitual del organismo tras aprobarlos) hasta que pasen las elecciones.

Amilivia defiende cambios legales para reforzar la autonomía

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, defiende la necesidad de cambios en la ley que regula las instituciones propias de la comunidad (Consejo de Cuentas, Consultivo, Económico y Social y Procurador del Común) para dotar de mayor autonomía al órgano fiscalizador. Esa regulación fue aprobada en 2013, redujo de cinco a tres el número de consejeros, puso bajo el paraguas de las Cortes a todas estas instituciones y aglutinó su funcionamiento administrativo, presupuestario y de plantilla bajo una única secretaría general que depende del parlamento autonómico. «Esa regulación ha cumplido su cometido», reconoce Amilivia, al tiempo que apuesta por una reforma que «fortalezca la independencia» en la función de control.En el caso del organismo que preside, por ejemplo, con autonomía para aprobar directamente el plan anual de fiscalizaciones, sin perjuicio de que las Cortes puedan hacer propuestas. Se da la circunstancia de que el Consejo estuvo hace ahora un año a punto de quedarse sin auditorías que elaborar por el bloqueo en las ­Cortes al plan de fiscalizaciones de 2017.