Ayuntamiento y Consorcio firman el convenio para la reestructuración de la deuda de Villalonquéjar

Han sido muchos meses de dimes y diretes, pero al final, el acuerdo ya es una realidad. El alcalde, Javier Lacalle, y el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, han firmado hoy el convenio para la reestructuración de la deuda del Consorcio de Villalonquéjar, un acuerdo que mañana será remitido a las entidades acreedoras (CaixaBank e ICO) para su ratificación.

La firma del convenio llega apenas unos días después de que el Pleno municipal aprobara al fin la propuesta de reestructuración. Una aprobación que ha sido posible gracias al PSOE, que semanas atrás puso sobre la mesa varias condiciones para avalar la operación. Finalmente, el equipo de Gobierno y el Grupo Municipal Socialista llegaron a un acuerdo que hoy ha comenzado a hacerse efectivo.

Dicho acuerdo implica el cumplimiento de cuatro condiciones muy concretas. A saber, revisión del acuerdo si a los siete años no se cumple con el plan de ventas, condonación de los intereses de demora de 2017, modificación de estatutos y reclasificación del Consorcio para librar al Ayuntamiento de la totalidad de la deuda. En caso de que este último compromiso no pueda llevarse a efecto, toda vez que es conmpetencia del Estado, el acuerdo también contempla la asunción de las «máximas responsabilidades» por parte del alcalde. Esto es, su dimisión.

Sea como fuere, se trata de un acuerdo que permite aportar «estabilidad» al Ayuntamiento, que se encontraba bajo la espada de Damocles ante el vencimiento de una deuda millonaria. En este sentido, Lacalle ha querido «agradecer a quien ha hecho posible» un acuerdo que, en suma, permite calendarizar los pagos para facilitar la asunción de la deuda a plazos.

Así, en el momento de la firma se entregarán 1,2 millones de euros a las entidades acredeoras, una cantidad que se verá suplementada antes de finales de abril de 2018 con otros 4 millones de euros. A partir de ahí, el Ayuntamiento se compromete a aportar 1,55 millones de euros al año durante 25 años para ajustar la deuda, contando siempre con que las ventas de parcelas en la ampliación del polígono industrial mantengan una tendencia positiva.