Siete de cada diez curas en activo de Burgos se han formado en cursos de violencia sexual

La 'Oficina para la recepción de denuncias y acompañamiento de las víctimas de abuso sexual' de Burgos ha formado a 359 profesores, 144 catequistas; 137 sacerdotes y 74 monitores de campamentos sobre cursos sobre violencia sexual entre los años 2022 y 2025. El vicario general de la diócesis, Carlos Izquierdo, ha subrayado que Burgos es una de las diócesis «con mejor participación». De hecho, ha explicado, la diócesis cuenta con 191 sacerdotes en activo, con lo que siete de cada diez curas han pasado por los cursos de formación.

Donde los números no son tan buenos son en el de los catequistas. Según los datos ofrecidos por la diócesis, los 144 que han acudido en estos años a esta formación supone que sólo el 20% se ha formado en esta materia en la diócesis de Burgos.

Se trata de formación en materia de «sensibilización y prevención respecto la realidad de la violencia contra menores y personas vulnerables» para sacerdotes y agentes de pastoral, impartidos por profesionales de Voluntared, la sección de voluntariado y formación de la diócesis.

La bomba en la Iglesia de Burgos, que ha supuesto la entrada en prisión de un sacerdote diocesano, acusado de presuntos delitos de naturaleza sexual, ha llevado al arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta a poner en marcha el protocolo sobre «protección de menores y personas vulnerables contra el abuso sexual». La nueva entidad tomó el relevo hace un par de años de la 'Oficina para la recepción de denuncias y acompañamiento de las víctimas de abuso sexual'.

La Oficina está dirigida por la abogada Mercedes Hernández. Es un órgano que no sólo recoge las denuncias que puedan presentarse y sino que también acompaña a las víctimas de abusos sexuales y se orienta a la «promoción y desarrollo de la formación adecuada para la prevención y definitiva erradicación de cualquier conducta constitutiva de abuso». A partir de las denuncias recibidas, la oficina lleva a cabo la acogida y acompañamiento inicial de las víctimas que lo requieran.

El ente diocesano tiene como misión la «información y la promoción y desarrollo de los programas de formación continuada dirigida a todos los agentes pastorales, profesores, personal docente y de administración de servicios de los colegios diocesanos en materia de protección de menores y personas vulnerables». Los responsables, por delegación de monseñor Iceta, son el vicario general, Carlos Izquierdo, y el 'compliance officer', Carlos Azcona.

La rápida difusión de la noticia, y en algunos casos de la identidad del sacerdote, ha generado una «preocupación intensa», declaraba la madre de un menor este mismo domingo, cuyo hijo «ha realizado muchos viajes» con el cura.

Su hijo no fue uno de los captados por el cura, «pero sí un amigo». El sacerdote ha organizado «en muchas ocasiones viajes, excursiones, campamentos y peregrinaciones» y ha estado en contacto con «muchos chavales», decía la madre.

Una vez se reciba la denuncia relacionada con las conductas, se comunicará a las partes el acuse de recibo y se han de recoger los datos que sean necesarios a efectos de la identificación del denunciado y de las posibles víctimas, así como cualquier ulterior dato relacionado con los hechos invocados y con las personas afectadas, tal y como recoge el decreto de renovación de la oficina para la recepción de denuncias y acompañamiento de las víctimas de abuso sexual, emitido por el arzobispo.

El paso siguiente es informar al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la tramitación procesal, tanto en vía canónica como ante los órganos jurisdiccionales civiles. El objetivo del Arzobispado es «acoger a las presuntas víctimas con un atento acompañamiento personal». La oficina de Burgos está formada, además de por la directora y el 'compliance', por una psicóloga, un asesor espiritual y dos asesores.

La Iglesia de Burgos quiere con este protocolo «encontrar caminos de reparación y ayuda ante el daño causado», como marca el marco general, y «ayudar a que el victimario asuma su rehabilitación y se tomen decisiones consistentes con la ley respecto a sus futuras actividades, evitando que esté en contacto habitual con niños».

Desde la jurisdicción civil y penal, serán los jueces los que determinen la gravedad de las presuntas acciones del sacerdote. Y en su condición de clérigo, además, se enfrenta al juicio religioso.

El protocolo general marca que los presuntos delitos que por su gravedad se reservan al juicio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, son los cometidos «contra el sexto mandamiento» por un clérigo «con un menor de 18 años». También la «adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 18 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento».

La Iglesia de Burgos, que ha retirado al sacerdote su capacidad sacramental, garantiza «la presunción de inocencia, protegiendo la reputación del investigado». Se le ha informado de los cargos que se imputan para poder defenderse contra ellos y a hacer uso de la asistencia de consultores civiles y canónicos. También se le ha ofrecido asistencia espiritual y psicológica, tanto al clérigo como a su familia.

Todos los agentes pastorales, ya sean sacerdotes, seminaristas, catequistas o voluntarios que colaboran en las diferentes actividades organizadas por instituciones diocesanas, como catequesis y otras pastorales, así como el personal docente y de administración y servicios de los colegios diocesanos han recibido formación en materia de protección de menores con el objetivo de que se cumplan los objetivos de realizar una prevención primaria efectiva y se creen espacios seguros en los que los menores y personas equiparables legalmente, puedan formarse, convivir y desarrollarse de forma integral sintiéndose protegidas.

El servicio de asesoramiento y coordinación de las oficinas de protección de menores de la Conferencia Episcopal Española tiene un completo dosier para llevar a cabo para prevenir estas conductas o para tomar medidas en el caso de que se produzcan.

La memoria de la Oficina ha propuesto «elaborar un fichero de parroquias y sacerdotes que hayan participado» en la formación propuesta en materia de sensibilización y prevención de violencia contra menores y vulnerables. Al mismo tiempo han solicitado una entrevista en las parroquias en las que ningún sacerdote haya participado. En estas visitas se quiere comprobar «si se cumplen los requisitos legales respecto de la documentación exigida a los catequistas» y a los propios clérigos.

Desde la Oficia se quiere tener «constancia e identificados los equipos informáticos» que existan en cada parroquia, así como quién puede acceder a ellos y establecer medidas de seguridad que impidan o permitan controlar la navegación por páginas web o el acceso a contenidos de carácter sexual o pornográfico a través de medios materiales o de las redes wifi de las parroquias en las que se permita el acceso a los mismos. Desde el mismo ente se pretenden definir «acciones formativas y de acompañamiento para los seminaristas».

La Oficina diocesana para la recepción de las denuncias y acompañamiento de las víctimas de abuso sexual tiene el teléfono: 662 63 74 81 y el correo proteccion@archiburgos.es, para aquellas personas que quieran contactar en el caso de que se vean vulnerados sus derechos.

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