Las reclamaciones se desbordan, pero solo hay una denuncia por el caso de los ataúdes

Dos personas se dirigen anoche al tanatorio El Salvador, que continúa con su actividad. /Rodrigo Jiménez
Dos personas se dirigen anoche al tanatorio El Salvador, que continúa con su actividad. / Rodrigo Jiménez

La Delegación del Gobierno sopesa crear una plantilla con validez legal para agrupar las quejas de las asociaciones, mientras que dos bufetes impulsan una plataforma de afectados

Antonio G. Encinas
ANTONIO G. ENCINASValladolid

El jueves a las ocho de la mañana se destapó la operación Ignis, con las sedes del Grupo El Salvador tomadas por la Policía Nacional. Ese mismo día por la tarde, la oficina de la Unión de Consumidores de Castilla y Léon comenzó a recibir las primeras llamadas para interponer reclamaciones contra el tanatorio vallisoletano. Familiares de personas incineradas en el crematorio del camino del Cementerio comenzaron a interesarse por cómo podían saber si su caso era uno de esos «miles» que investiga la Policía y, de ser así, exigir una reparación económica.

«Empezamos el jueves por la tarde con llamadas, el viernes durante toda la mañana estuvimos reunidos con el gabinete jurídico y hemos marcado una pauta a seguir», explicaba Prudencio Prieto, de la Unión de Consumidores, que aseguraba que su oficina se encontraba «desbordada» por la cantidad de reclamaciones de ciudadanos que estaban llegando. «Estamos dando citas, hora y día», señala Prieto. «Queremos evitar aglomeraciones y esperas innecesarias, así que pedimos cita, nos reunimos y explicamos la documentación que tienen que aportar», añade.

Más información

Paralelamente, sin embargo, tan solo se ha recibido una denuncia ante la Policía Nacional en relación al caso Ignis, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Precisamente Prudencio Prieto abogaba por mantener una reunión con la Delegación para agilizar y facilitar los trámites a seguir por las familias interesadas. «Tenemos recursos finitos», justificaba. Coincide este deseo con el hecho de que la Policía y la Delegación del Gobierno ya habían previsto tomar alguna medida que pudiera evitar una eventual avalancha de denuncias por el caso Ignis. Sopesaban crear una plantilla de denuncia, idéntica para todos los interesados, ya que el delito que se imputa es el mismo, que pudiera tener validez legal a la hora de ir a juicio. En ella se podrían incluir los datos necesarios para cotejar la documentación de los interesados con la incautada durante los registros. «Se pensó al día siguiente de que se conociera la operación la posibilidad de arbitrar algún documento unificado que sirviera de base para las denuncias por si se producía un aluvión», admitían ayer desde la Delegación del Gobierno.

Ese alud no se ha producido en las comisarías, sino en las asociaciones de consumidores. E incluso en despachos de abogados.

Dos bufetes de abogados anunciaron ayer que habían constituido una plataforma de afectados por el caso de los tanatorios, según informó Europa Press. Se denominará Plataforma de Afectados de El Salvador, 'Plat Afectados' en redes sociales, y ha sido impulsada por los despachos de abogados Bárbara Royo y Castellana 266, cuyos responsables ya habrían contactado con cerca de una treintena de reclamantes, según anunció la titular del primero de ambos bufetes.

Dos bufetes de abogados han agrupado a treinta reclamantes en una plataforma de afectados

«Hemos decidido aglutinar todas las denuncias, en lugar de presentarlas una por una, para así acudir al juzgado a través de una denuncia colectiva», explicaba Bárbara Royo, quien confiesa que hasta ahora no había tenido noticias de «semejante barbaridad» en todo el territorio nacional.

La propia Policía pedía el viernes un poco de paciencia antes de comenzar a denunciar. Y es que el presunto fraude, cuya investigación comenzó en el año 2017, podría haberse producido a lo largo de veinte años. La delegada, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía, Jorge Zurita, explicaban el viernes pasado que «en esta primera fase» se investigaba el periodo comprendido entre 1995 y 2015. Sin que eso supusiera que la práctica fraudulenta no hubiera continuado en años posteriores, aclaró Zurita, que en todo momento se refirió a posibles «nuevas fases» de la investigación.

Calculaban así, sin que hubiera dado tiempo a analizar aún la documentación requisada, que podría haber «miles de personas afectadas» con cantidades que sumarían «millones de euros».

Habrá que comprobar también si las compañías de seguros toman parte activa en todo este proceso. «Las compañías deberían hacer una revisión de esas cosas y las que están especializadas en decesos, más», indicaba Prudencio Prieto, de la Unión de Consumidores, que añadía que, por si fuera poco, «el capítulo de seguros siempre genera problemas y reclamaciones».

En Valladolid, según un reciente informe del sector, un 38% de la población cuenta con un seguro de decesos, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media nacional. Equivale a 187.000 asegurados en la provincia.