¿CÓMO QUEDAN LOS TRABAJADORES DE LA AP-1? INCERTIDUMBRE DE UN DESPROPÓSITO

El ERE pactado con la empresa deja 62 subrogados, 44 despedidos, 5 traslados y una baja voluntaria / Fomento encargará a Itínere el mantenimiento de los próximos seis meses pero el contrato no está ni firmado

Imagen de una de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos/Ricardo Ordóñez/ICAL
Imagen de una de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos / Ricardo Ordóñez/ICAL
Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

Tal vez no se lo crean pero, a cuatro días vista de la liberalización de la AP-1, los trabajadores de la concesionaria siguen viviendo en una situación de «incertidumbre» ante lo que consideran un «despropósito» con tintes de «temeridad». Y es que... ¿qué pasará a las doce de la noche del 30 de noviembre cuando el contrato de concesión con Europistas (Itínere) finalice y la autopista Burgos-Armiñón se convierta en una autovía más de la red estatal?

De entrada, el Ministerio de Fomento ha anunciado que encargará el mantenimiento y la conservación de la vía a Itínere, de manera provisional, por un plazo de seis meses, hasta que pueda salir un nuevo contrato de conservación. José Luis Ábalos aseguró en agosto que la conservación ordinaria de la AP-1 costará, entre 2019 y 2021, unos 5,8 millones, a lo que se sumarían otros 1,4 millones para la adaptación de las instalaciones, como el desmontaje de las playas de peaje.

Sin embargo, el contrato de conservación todavía no se ha licitado y, ante la proximidad de la liberalización, Fomento ha optado por encargar a Itínere continuar con las labores de mantenimiento, al menos durante los próximos meses. Es un paso adelante, reconoce el presidente del comité de empresa de Europistas, Jesús Alberto Mateo, pero insuficiente, pues dicho contrato todavía no está suscrito y estamos a cuatro días de que se levanten las barreras en la AP-1.

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«Incertidumbre hasta el último día», lamenta Mateo, quien considera que toda esta situación es un «despropósito». El comité de empresa acordó un expediente de regulación de empleo para la plantilla de 111 trabajadores de la AP-1, de modo que 62 de ellos quedarían subrogados en el nuevo contrato de mantenimiento. Del resto, 44 se van a la calle el 1 de diciembre, pues son personal de las cabinas de peaje, mientras que otras cinco personas se reubicarán y uno de los trabajadores ha pedido la baja voluntaria.

Aun así, el presidente del comité de empresa afirma que no tienen nada seguro. Existe el compromiso del propio secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, de que los 62 trabajadores serán subrogados en ese nuevo contrato para el mantenimiento de la vía, pero todavía no se ha suscrito entre Carreteras y la empresa y, por tanto, se desconoce el contenido y las condiciones laborales.

Si ahora se rompiesen las negociaciones, apunta Jesús Alberto Mateo, ¿quién se encargaría de la AP-1 a partir del 1 de diciembre? Es una «tomadura de pelo» y una «temeridad», pues estando en invierno puede nevar en cualquier momento y no está claro todavía a quién lo corresponderían las labores de limpieza ni con qué medios, por poner un ejemplo, apunta Mateo.

Sin orden ni concierto

Por otra parte, los trabajadores no saben cómo se organizará el levantado de las barreras. Está claro que, pasadas las doce de la noche, los operarios de las cabinas de peaje están despedidos, así que no serán ellos los que gestionen las primeras horas de la liberalización. Además, «hay mucho trabajo por hacer», ha insistido Mateo, como labores de limpieza, acondicionamiento y desmantelamiento de las playas de peaje, que se supone que se incluirá en el nuevo contrato.

No hay nada definido, nada saben a cuatro días vista de la liberalización. La toma de decisión tan tardía, con la llegada del PSOE al Gobierno tras meses de incertidumbre por parte del PP, ha complicado la preparación de la liberalización. Ni se ha podido gestionar a tiempo el contrato de mantenimiento, ni planificar las obras de mejora y acondicionamiento ni garantizar el futuro de todo la plantilla.

Ahora, 44 personas se quedarán sin empleo y se irán a la calle con una indemnización de 25 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. «Nunca es satisfactorio» pero se ha conseguido mejorar las oferta mínima. «Se ha llegado hasta donde se ha podido, más allá de esto no ha sido posible», matiza el presidente del comité de empresa.

 

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