Las obras de la plaza de Aranda siguen sin cumplir con la legalidad 21 años después

21 años después de que se utilizara el coso por primera vez, las obras de la plaza de toros de Aranda de Duero siguen sin ajustarse a la legalidad. La instalación, propiedad de Victoriano del Río, ha pasado por varias licencias provisionales, hasta que en 2014 se aprobó una licencia de apertura que fue tumbada por el juzgado en 2022, al considerarse nula de pleno derecho por incurrir en numerosas irregularidades.

Ahora, se ha hecho pública por parte del gobierno municipal una nueva inspección urbanística. En esta ocasión, procede de la inspectora urbanista, arquitecta técnica, y llega después de que, hace más de un año, los informes de un arquitecto y el jefe de bomberos reflejaran importantes irregularidades urbanísticas y de seguridad en el coso taurino.

El informe emitido por la inspectora urbanista determina que las obras ejecutadas «no se corresponden» con la licencia de obras otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de agosto de 2004, ni tampoco a la licencia otorgada en 2014 para mejoras y plazas de aparcamiento. Además, se confirma algo evidente y conocido, que en la instalación nunca se ejecutaron las mejoras vinculadas al proyecto en forma de piscina cubierta o gimnasio.

«A partir de ahora, se instruirá un procedimiento sancionador que determinará quiénes fueron los responsables y qué medidas sancionadoras procedería aplicar, en su caso. Además, se instruirá procedimiento de restauración de legalidad para requerir que los responsables adapten la plaza de toros a la normativa urbanística aplicable», defienden desde la Concejalía de Urbanismo a través de una nota de prensa.

Asimismo, el gobierno municipal defiende que sigue «trabajando» con el objetivo de «clarificar» el proceso de venta, construcción y otorgamiento de licencias de la plaza de toros. «Queremos aclarar con detalle todo lo que sucedió y encontrar una solución legal que permita el uso de estas instalaciones», precisan. Fuentes municipales, apuntan a que el vicesecretario general trabaja en un informe en el que se podría llegar a poner sobre la mesa una posible nulidad del contrato de compraventa. Una posibilidad que ya ha generado controversia política.

Por su parte, el dueño del coso, Victoriano del Río, ha movido ficha en el juzgado al presentar un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de denegar la licencia de apertura del coso en marzo de 2025. En su argumentación hace hincapié en el informe de seguridad realizado por el jefe de bomberos donde se detallaban numerosos incumplimientos, al considerar que «su imparcialidad está gravemente comprometida».

Al respecto, vincula al profesional con su faceta de militante del Partido Socialista, formación política que, según del Río, «se ha manifestado contra la plaza de toros, llegando incluso a defender la reversión al Ayuntamiento e interponiendo una querella contra la concesión de su licencia». Se solicita que se declare «nulo» y se nombre un «órgano técnico independiente y ajeno al Ayuntamiento».

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