La polémica por falta de mujeres en el comité que revisará los delitos sexuales obliga al Gobierno a rectificar

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. / Efe

El Ministerio de Justicia anuncia que contarán con varias expertas el mismo día que le llovieron las críticas por tener un órgano asesor penal compuesto solo por hombres

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

El comité de expertos que debe analizar por encargo del Gobierno si es preciso hacer cambios en la tipificación de los delitos sexuales tras la conmoción social causada por la sentencia de La Manada contará al final con varias catedráticas de reconocido prestigio entre sus miembros y también escuchará las aportaciones que le tengan que hacer sobre el particular las presidentas de asociaciones de mujeres juristas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, autorizó hoy estas incorporaciones femeninas a los trabajos, el mismo día en el que le llovieron críticas de partidos políticos y organizaciones sociales por haber encargado el análisis de la actualización de los delitos sexuales y la posible propuesta de reforma del Código Penal a un órgano asesor compuesto exclusivamente por hombres, lo que unía a la ausencia de paridad la contradicción de que son las mujeres justo las víctimas principales de estos ataques.

La Sección Penal de la Comisión General de Codificación, el órgano que asesora al Ministerio de Justicia en la preparación de textos legislativos y al que Catalá encargó el estudio, cuenta a día de hoy con 20 miembros permanentes, presididos por el abogado y catedrático Esteban Mestre, todos ellos varones. Son nombrados libremente por el ministro entre juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional o académico, y con especial atención a preservar la pluralidad de las distintas profesiones jurídicas y la diversidad geográfica.

La escasez de mujeres en las diferentes secciones de la Comisión General de Codificación es un hecho, pero solo el grupo de Derecho Penal, al que Catalá encargó el informe, tiene el marcador a cero. Hay cinco expertas en las secciones de Civil y Mercantil, cuatro en la de Procesal, y dos en la de Derecho Público. Estas 16 vocales, en cualquier caso, no llegan ni al 14% de los componentes fijos del órgano asesor ministerial.

La rectificación que va a permitir a Catalá escapar de esta nueva polémica no ha surgido del ministro sino del propio presidente de la sección. Esteban Mestre propuso hoy al titular de Justicia que le autorizase a utilizar la figura de los «vocales adscritos», especialistas elegidos para colaborar de manera temporal con la sección en un trabajo concreto, para trasladar la oferta de participación en el informe a seis catedráticas de Derecho Penal españolas con trabajos prestigiosos ya publicados sobre la tipificación de los delitos sexuales. Nada más recibir el visto bueno del ministro, Mestre se puso en contacto con estas catedráticas, pero aún está a la espera de que le den el sí a su integración en el equipo.

El presidente de la Sección Penal, que quiere comenzar los trabajos para este encargo el próximo jueves y terminarlo en no más de dos meses, explicó que realizó esta propuesta al ministro porque era la única forma de incorporar la perspectiva de género a la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en un equipo de expertos solo compuesto por hombres. Por igual motivo, ha comenzado a emitir invitaciones a cuatro presidentas de asociaciones de mujeres juristas, entre ellas de juezas, abogadas y de representantes de víctimas de la violencia machista, para escuchar e incorporar un enfoque «práctico», el de quienes conocen «qué cosas fallan en el sistema».

Críticas

Antes de conocerse estas incorporaciones de última hora, la diputada socialista Ángeles Álvarez calificó de «inconcebible» la falta de mujeres en el grupo de análisis de los delitos contra la libertad sexual. Exigió al ministro que use su margen de designaciones para introducir expertas en la Sección Penal y presentó una iniciativa parlamentaria en la que reclama que, a partir de ahora, los nombramientos de vocales de la comisión sean paritarios, como ordena a los poderes públicos la ley de Igualdad, norma que dijo que Catalá está incumpliendo. Avanzó que si no había rectificación, el dictamen de los expertos estaría «bajo sospecha».

La diputada de Unidos Podemos Sofía Castañón también cree que el incumplimiento de la ley de Igualdad puede empañar el dictamen técnico, pues consideró que es «un error de base» que no haya mujeres cuando se debaten cambios en los delitos sexuales y una ignorancia de las reivindicaciones feministas que llenan el país. «Es puro machismo institucional», resumió. Diversas asociaciones de mujeres y el Consejo de la Juventud criticaron con dureza la ausencia de mujeres en el grupo de análisis y también exigieron a Catalá una rectificación.

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