A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero en Burgos

El gerente de una residencia y la sobrina de una usuaria se enfrentan a la petición de 18 años cárcel por haber internado a la anciana, que residía en Burgos, sin su consentimiento en este centro de mayores ubicado en Madrid. La Fiscalía solicita nueve años y seis meses de cárcel para la M.S.O, la sobrina de la mujer afectada acusándola de los delitos de coacciones, lesiones, estafa y hurto. Para el propietario del geriátrico, V.L.V, pide ocho años y seis meses por los mismos delitos, excepto el de hurto.

El suceso se remonta al año 2019 cuando la afectada, una mujer que entonces tenía 92 años, vivía en su domicilio de Burgos con una empleada del hogar y con su sobrina, la acusada, que se mudó a la capital burgalesa desde Madrid para cuidar de la anciana. Según el relato de los hechos, la víctima había firmado un poder notarial para que, en caso de incapacidad sobrevenida, su sobrina pudiese acceder a sus cuentas bancarias. Además, la había hecho beneficiaria de su vivienda cuando ella falleciera.

En aquel momento, la anciana necesitaba silla de ruedas para sus desplazamientos o muletas y precisaba ayuda para sus tareas cotidianas y para salir a la calle. Esta se la prestaban personas contratadas a tal efecto pero la Fiscalía destaca que la mujer tenía capacidad de juicio y discernimiento para, por ejemplo, elegir su lugar de residencia.

En marzo de 2019 M.S.O. se llevó supuestamente engañada a la anciana a Madrid, creyendo esta que iba a pasar unos días a la casa de su sobrina. Pero, una vez allí y sin haber dejado que cogiera sus pertenencias, entre ellas sus audífonos y sus gafas, ni despedirse del resto de sus familiares, la internó en un centro para mayores dirigido por V.L.V el otro acusado. El escrito de acusación señala que la propia víctima realizó una llamada a una amiga a los pocos días de ser internada en la residencia y le comunicó que la habían metido engañada. Esta amiga de Burgos fue la que alertó al resto de familiares de la mujer de la situación.

El director del centro, supuestamente en connivencia con la sobrina de la afectada, restringió las llamadas de la anciana y denegó el permiso de visitarla de sus otros familiares, que se personaron en la residencia en numerosas ocasiones y a quienes se impidió ver a la mujer. Incluso habría tratado de lograr su ingreso de urgencia presentando una solicitud en los juzgados, que fue denegada.

En una de esas visitas de sus sobrinos tuvo que acudir la Policía Nacional y la anciana manifestó entre sollozos a los agentes que no quería estar en esa residencia y que había sido trasladada desde Burgos engañada.

La Fiscalía recoge que, en todo momento, el director hoy acusado, manifestaba que la mujer no podía ser visitada por nadie a excepción de la persona que la había ingresado.

En las visitas que intentaron efectuar sus otras sobrinas, quisieron sacar a la anciana del centro, «dadas las manifestaciones claras y reiteradas» de la mujer de que no quería permanecer en aquel lugar y su deseo de volver a Burgos. Pero no pudieron llevársela «por la oposición del director», que se amparaba en el procedimiento de internamiento no voluntario.

En el contrato del centro de mayores no figuraba la firma de la afectada por ninguna parte, pero el documento la obligaba al pago de las cuotas establecidas en 1.700 euros mensuales «sin que en ningún momento autorizara el cargo en sus cuentas», según el escrito de la Fiscalía.

Fue un auto judicial dictado en junio de 2019 el que estableció que la víctima tenía capacidad de discernimiento para elegir dónde quería residir, precisando de un recurso asistencial adecuado donde pudiera recibir los cuidados sociosanitarios que necesitaba, dado que la resindencia de Madrid en la que la había internado la acusada, no disponía de servicio de fisioterapia ni de talleres lúdicos ni ninguna actividad.

La Fiscalía relata que durante el tiempo que se encontró en la citada residencia de Madrid no dispuso de sus audífonos y correspondiente carga, con el consiguiente aislamiento, ni de sus gafas, «viviendo situaciones de intranquilidad y desasosiego motivado por las decisiones de la acusada de no permitir la visita de los familiares de Burgos y amigos y por la presencia de la policía llamada por el director de la residencia, que actuaba en connivencia con la sobrina, no permitiendo que la víctima pudiera irse con sus sobrinos de Burgos al lugar donde hubiera decidido libremente».

A consecuencia de la estancia de la anciana en esta residencia se produjo «un perjuicio para su estado físico con una disminución de su movilidad, dado que no tuvo a su disposición servicios de fisioterapia adecuados a su estado». La Fiscalía también destaca el «perjuicio para su estado psíquico» al encontrarse «deprimida por la situación vivida en la residencia de Madrid, a la que refería como un «zulo», habiéndose recuperado posteriormente en las residencias donde estuvo en Burgos, precisando de fisioterapia para su curación, recuperando sus habilidades con las manos».

Cuando la anciana dio acceso a la acusada M.S.O a sus cuentas confiando en su buena fe, supuestamente esta lo utilizó para su propio beneficio. El total del metálico dispuesto por la sobrina sin autorización de su tía asciende a 36.066,25 euros. Los pagos efectuados por la acusada al director de la residencia, el acusado V.L.V., ascienden a 16.961,36 euros durante los tres meses que la víctima permaneció en el centro. Una cantidad que no estaría justificada y por la que la acusación entiende que ambos acusados actuaban en connivencia para lucrarse.

Y no solo eso, según consta en el escrito de acusación M.S.O. se habría apropiado de un abrigo de piel y diversas joyas que se encontraban en el domicilio de su tía mientras convivió con ella en Burgos. Entre ellas una pulsera de 2.700 euros.

Por todo ello se acusa a su sobrina, M.S.O, de un delito de coacciones por el que la Fiscalía solicita tres años de prisión, un delito de lesiones por el que se pide un años y seis meses, otro de estafa penado con cuatro años de cárcel y un delito de hurto por el que solicitan un año más.

Para el director de la residencia, V.L.V, piden tres años por un delito de coacciones, un año y seis meses por un delito de lesiones y otros cuatro años de cárcel por un delito de estafa. Ambos se sentarán en el banquillo en el juicio que está previsto se celebre el 29 de octubre en Burgos.

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