Tres años de investigación del Hospital de Burgos se cierran con pelea política y sin mejoras para los ciudadanos

Hospital Universitario de Burgos (HUBU)/GIT
Hospital Universitario de Burgos (HUBU) / GIT

La Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla y León finaliza con dos informes de conclusiones dispares, que poco varían de los argumentos previos esgrimidos por los grupos parlamentarios

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

Han sido tres años de comisión de investigación sobre la construcción y posterior gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en las Cortes de Castilla y León. Tres años desde que quedase constituida a principios de noviembre de 2015, a petición de la oposición regional (PSOE, Ciudadanos, Podemos y Mixto -IU y Equo), que quería aclarar dudas y recelos sobre el modelo de concesión público-privada utilizado para poner en marcha el centro sanitario burgalés, que abrió sus puertas en junio de 2012.El centró arrancó con la asistencia sanitaria gestionada por Sacyl pero con servicios no asistenciales (limpieza, mantenimiento, seguridad) externalizados.

Por la comisión de investigación, que arrancó con la petición de documentación y siguió con el plan de trabajo, han pasado 63 comparecientes. Ha habido técnicos regionales, altos cargos de la Junta, políticos, responsables sanitarios, expertos o miembros de la empresa concesionaria del proyecto burgalés, EFICANZA. Entre las comparecencias se ha contado, incluso, con el presidente del Gobierno autonómico, el burgalés Juan Vicente Herrera, además de otros consejeros regionales. O con la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos.

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Y la polémica política ha sido la nota dominante. Una pelea constante entre Partido Popular y la oposición, que se ha evidenciado también en la presentación de las conclusiones. Así, la comisión de investigación se cierra con dos informes dispares, que vienen a concluir prácticamente los mismos argumentos que se esgrimieron al inicio de la investigación, tanto en el caso del Partido Popular como en el informe conjunto presentado por PSOE, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto.

Mientras el Partido Popular niega sobrecostes, defendiendo una sobre inversión en equipamiento y servicios, e insiste en que todo el expediente del proyecto de construcción y gestión del HUBU ha sido «correcto», la oposición continúa hablando de «proceso oscuro, irregular y plagado de sospechas». PSOE, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto acusan al PP de convertir la sanidad en un negocio, con un proyecto que ha supuesto pingües beneficios para EFICANZA, y empresarios como Antonio Miguel Méndez Pozo, a base de modificados, indemnizaciones y externalización de servicios.

Eficanza

La Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Burgos S.A., Eficanza, en su marca comercial, fue la empresa ajudicataria del contrato de construcción y gestión del HUBU.

Eficanza se conformó, inicialmente, por OHL (con el 20,75% del capital), Urbanizaciones Burgalesas S.L. (20,75%), Santander Infraestructuras F.C.R. (17,64%), Caixabank S.A. (8,30%), Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios S.L. (6,63%), Banca Grupo Caja3 S.A. (6,22%), Concessia, Cartera de Gestión de Infraestructuras S.A. (5,19%), Grupo Isolux Corsan S.A. (5,19%), Invergestión, Sociedad de Inversiones y Gestión S.A. (3,11%), Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A.U. (3,11%) y Bankia S.A. (3,11%).

Las empresas de Burgos se implicaron en el proyecto a través de Urbanizaciones Burgalesas, compuesta por: Construcciones Arranz Acinas, presidida por Jesús Arranz; Grupo Río Vena Gestión de Cartera, presidida por Antonio Méndez Pozo; Grupo Aragón Izquierdo, presidido por Pedro Izquierdo; Inmobiliaria Gonorsa, presidido por Gonzalo López Recio; Prosegón, presidido por Nicolás Serrano; y Grupo Asuari Inversor, presidido por José Antolín.

Aun así, y cuando consideran que puede haber «materia ilícita», la oposición todavía no ha tomado la decisión de llevar el caso ante la Fiscalía, algo que le reprochan el Partido Popular. La formación insiste en que, si de verdad existen ilegalidades, se deben acudir a la Justicia. De lo contrario, hay que asumir que todo el proyecto se tramitó correctamente. Y entramos, de nuevo, en la pelea política. Cada 'bando' enrocado en sus posturas y sin que, de momento, la comisión tenga efectos prácticos, más allá de plantear alternativas para «recuperar para lo público» un hospital que la Junta de Castilla y León insiste en asegurar que ya es público.

 

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