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Ni en Burgos ni en otra provincia de la comunidad autónoma. Tras conocer la decisión de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, de paralizar la construcción de una incineradora en el centro de tratamiento de residuos (CTR) de Cortes, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León que tumbe la autorización ambiental aprobada al respecto y desestime también su idea de levantar una macroincineradora para dar servicio a toda la comunidad.
En este sentido, el grupo ecologista insiste en que el proyecto de la macroincineradora se ha tramitado «con gran secretismo» entre la Junta, las diputaciones, los consorcios de residuos y los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid. Todos ellos han firmado un convenio destinado a incinerar el rechazo de todos los centros de tratamiento de residuos en «una única planta de valorización que preste servicio a toda la comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional».
Asimismo, Ecologistas en Acción pide que se revoquen las autorizaciones ambientales para la incineración de residuos en las fábricas de cemento ubicadas en las localidades leonesas de La Robla y Toral de los Vados (El Bierzo) y en el municipio palentino de Venta de Baños, con capacidad conjunta para la combustión de 257.000 toneladas anuales de todo tipo residuos, así como la autorización ambiental de la incineradora de residuos peligrosos ubicada en la localidad soriana de Ólvega, con capacidad para quemar 6.000 toneladas anuales de disolventes residuales.
Todas estas instalaciones, dicen los ecologistas, «están emitiendo al aire contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, que pasan luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados«. Así, el Centro Nacional de Epidemiología ha concluido en un estudio de 2013 que las incineradoras de residuos en España provocan «un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)».
«Si este riesgo es inaceptable para Burgos capital también debe rechazarse en el resto de la región. Por todo ello, Ecologistas en Acción exige que la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos en Castilla y León se enmarque en la elaboración participada de un nuevo Plan Regional de Residuos, tras la anulación judicial el pasado mes de abril de su revisión aprobada de forma ilegal por la Junta, que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia, rectificando la dañina política actual de la Junta, que ha convertido a Castilla y León en un sumidero de desechos de toda España», concluyen en un comunicado.
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