La Fiscalía reclama 25 años de prisión a Junqueras por liderar la rebelión durante el 'procés'

Atribuye también la condición de «jefes» a Forcadell y los 'Jordis', a quienes pide 17 años de cárcel, y a Forn, Turull, Rull o Romeva, 16 años

MATEO BALÍNMadrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo golpeó este viernes con fuerza a los líderes independentistas en prisión preventiva en su escrito provisional de acusación. El Ministerio Público pidió la máxima pena, 25 años de prisión, al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras por un delito de rebelión en su condición de cabecilla del proceso político ilegal desarrollado Cataluña el pasado año. Unos hechos por los que solicita, además, 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.

Como promotores también del 'procés' e inductores de la rebelión, la Fiscalía situó en un segundo escalón a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los máximos responsables de las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. A los tres les reclama 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta. La diferencia de petición de penas entre Junqueras y sus compañeros es un solo artículo del Código Penal, el 473.2, porque en la consumación de la rebelión éste distrajo de forma ilegal caudales públicos, en referencia a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Este pequeño matiz supone ocho años más de solicitud de prisión que Forcadell o los 'Jordis'.

La Fiscalía colocó en el tercer escalafón a los exconsejeros en prisión preventiva: Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. A todos ellos les pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de rebelión en su grado inferior. La diferencia con los anteriores es que no se les aplica la agravante como promotores.

Fuera de la rebelión y fuera de prisión están los exconsejeros Carles Mundo, Meritxell Borrás y Santi Vila, quienes se enfrentan a siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y multa de 30.000 euros por otro delito continuado de desobediencia grave.

Por último, de los 18 procesados que se sentarán en el banquillo del Supremo las peticiones de pena más bajas son para la dirigente de la CUP Mireia Boya y los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluis Guinó y Joan Josep Nuet. A todos ellos les reclaman multa de 30.000 euros e inhabilitación para cargo público de un año y ocho meses por un delito de desobediencia grave.

«Fuerza intimidatoria»

En su relato, los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno aseguran que la «estrategia delictiva» se basó en la «actuación convergente» de las instituciones catalanas, Parlament y Gobierno de la Generalitat, de las formaciones políticas Junts Pel Sí y la CUP y de las entidades civiles ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia.

Según el escrito, los cuatro cabecillas (Junqueras, Forcadell y los 'Jordis'), en unión de otros procesados huidos -el expresidente Carles Puigdemont-, acordaron poner en práctica esta estrategia mediante la acción combinada de tres pilares.

El parlamentario, cuyo epicentro se situaba en la Mesa del Parlament, cuya función consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones «abiertamente inconstitucionales»; el ejecutivo, cuya misión era la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que legitimara internacionalmente su proyecto; y el social, en el que las entidades soberanistas desarrollaban un papel «crucial» mediante la movilización popular como instrumento de presión.

En resumen, el plan consistía «en orillar» la aplicación de la legalidad, «finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional». Para ello, contemplaban usar todos los medios para alcanzar su objetivo, «incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria» de los Mossos y la movilización ciudadana, como ocurrió en el asedio del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la consejería de Economía.

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