Virginia Martínez y el Ayuntamiento de Aranda defienden ante el juzgado su cargo como concejala del PP
Han presentado sendos escritos al procedimiento Contencioso Administrativo emprendido por el Partido Popular para conseguir su expulsión
El proceso comenzó hace un año con una fallida expulsión que se intentó hasta en tres ocasiones y no fue ratificada en el Consistorio arandino al considerar el secretario municipal que no cumplía los requisitos administrativos.
Pasado ese tiempo, la edil Virginia Martínez sigue siendo representante de ese partido en el Ayuntamiento de la capital ribereña, mientras que el Partido Popular ha optado por la vía judicial, la de lo Contencioso Administrativo, para conseguir su expulsión, y que se deseche el criterio defendido por el funcionario municipal.
Una vez comenzado este proceso, el Ayuntamiento de Aranda y la propia Virginia Martínez están de acuerdo en que sigue siendo miembro del grupo municipal del PP en la corporación municipal y se oponen a los trámites emprendidos por el Partido Popular. De esta manera, han presentado sendos escritos contrarios al procedimiento emprendido por la formación política para conseguir su expulsión en el Contencioso Administrativo.
Noticias relacionadas
En su escrito, Virginia Martínez considera que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aranda no está legitimada para emprender este proceso, sino que lo tiene que hace el grupo municipal. En lo que se refiere al Contencioso interpuesto por los populares proponen como medios de prueba que se llame a declarar a dos de sus compañeros del grupo municipal, Alfonso Sanz, José María Jimeno y al presidente comarcal del Partido Popular, Alberto Rasero. También incluye que se realice un interrogatorio, tanto a ella como al actual secretario accidental del Ayuntamiento de Aranda.
Antecedentes de la polémica
Un informe del secretario daba por «desistido», en febrero de 2025, el acto de solicitud de toma de conocimiento de la expulsión de Virginia Martínez del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Aranda.
Ese informe recogía que los miembros de las entidades locales pasan a tener condición de miembros no adscritos por haber abandonado o tras «haber sido expulsado por acuerdo mayoritario del grupo político mediante votación». En ese supuesto, se contempla que «deberá quedar constancia escrita del acuerdo adoptado» mediante «copia auténtica del acta o certificado expedido» por quien desempeña las labores de secretario, además «reflejando fecha y votación mayoritaria».
Al respecto, se precisaba que, el documento presentado por el Partido Popular «genera dudas sobre la exactitud de la información aportada», aludiendo a «la contradicción de su contenido con las notas de prensa emitidas» por el Partido Popular».
