Catalá entra en guerra con los jueces

Catalá entra en guerra con los jueces

Afirma que el magistrado que pidió la absolución de La Manada tiene «un problema singular» | Recrimina al CGPJ no haber actuado contra él mientras todas las asociaciones le exigen que dimita por su «intromisión» en el trabajo de la judicatura

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTOMadrid

La situación entre el Gobierno y los jueces se estaba tensando en los últimos días, pero el ministro de Justicia hizo estallar ayer la guerra total. Rafael Catalá afirmó en la Cope que Ricardo Javier González, el juez que pidió la absolución de La Manada, «tiene un problema singular» que «todos saben» y culpó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no haber actuado «preventivamente» contra él. ¿Cuál es este «problema singular»? Catalá no concretó más, solo declaró que González «tiene algunos expedientes abiertos», pero su ataque iba dirigido tanto al magistrado como al CGPJ. El ministro recalcó que el órgano de gobierno de los jueces debe asegurarse de que los magistrados «están en plenas facultades para ejercer su labor», deslizando a la vez que González, que en su voto particular habló de «ambiente de jolgorio y regocijo» cuando se produjo la agresión, no está en esas «plenas facultades» (probablemente aludiendo a que pasó varios meses de baja por enfermedad en 2007) y que el CGPJ no ha cumplido sus funciones de supervisión.

El CGPJ respondió por la tarde al ministro y trató de rebajar el tono del enfrentamiento. «Los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos», asegura el órgano de gobierno de los jueces, en un discurso similar al de su nota del jueves.

Pero el daño estaba hecho. Desde que se conoció la sentencia, las asociaciones judiciales habían expresado, en distinto tono, su malestar con el Gobierno, que no tardó en anunciar cambios legislativos en caliente para aumentar el castigo a los delitos de agresiones sexuales y violaciones. Las palabras de Catalá las pusieron definitivamente de acuerdo. En un comunicado conjunto, las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, exigieron en bloque la dimisión del ministro: «La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al CGPJ (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado) son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia».

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La Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (a las que después se sumó la catalana Ágora Judicial), tan separadas en muchos asuntos, se unieron sin fisuras después de que Catalá «haya sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición» de Ricardo Javier González.

«Hoy es por el juicio de La Manada, pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro. Este es el verdadero peligro: la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones», dicen las entidades.

Los profesionales de la magistratura creen que las declaraciones de Catalá suponen una amenaza para la separación de poderes, pero, además, le achacan oportunismo electoralista: ponerse del lado de los manifestantes callejeros que criticaban la sentencia contra La Manada sin medir el daño que esta actitud puede causar al poder judicial. En cinco días, Catalá ha expresado tres opiniones: el jueves, nada más conocer la sentencia, afirmó que los nueve años de condena a los acusados eran «una pena alta»; el sábado defendió la reforma del Código Penal para evitar en el futuro casos similares y ayer, atacó a los jueces.

Las entidades profesionales acusan al Ejecutivo de «utilizar las resoluciones judiciales»

El vocal del CGPJ José María Macías, propuesto por la antigua CiU, se mostró «perplejo» por las palabras de Catalá y le pidió que aclarara a qué se refería cuando hablaba de «problema singular que todo el mundo conoce». «Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben», aseveró Macías. En la misma línea, otro vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, éste a propuesta del PP, aseguró que «no había ningún motivo» para actuar contra el juez y reclamó a Catalá «no alimentar la confrontación».

Extrañas alianzas

Entre los partidos, las palabras del ministro de Justicia han generado extrañas alianzas. El PP y el PSOE respaldaron a Catalá, mientras que Podemos y Ciudadanos criticaron al ministro. «No podemos estar más que de acuerdo, porque si Catalá habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene quizá sea por la prudencia necesaria», indicó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se adhirió sin matices al ministro, más incluso que representantes populares como Fernando Martínez-Maillo, que se limitaron a incidir en la necesidad de cambiar el Código Penal.

El PSOE apoya las palabras de Catalá mientras que Podemos y Ciudadanos las rechazan

Por el contrario, Podemos y Ciudadanos se lanzaron en tromba contra Catalá. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, exigió la dimisión del ministro por «inmiscuirse» en los asuntos judiciales. Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recordó a Catalá que hace «un flaco favor» a la separación de poderes, a la que muestra «poco respeto».

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