La Junta promueve de urgencia casi 300.000 metros cuadrados de suelo industrial en Burgos

Burgos, una de las ciudades más industrializadas de España, apenas cuenta a día de hoy con suelo industrial disponible. La paulatina ocupación de las parcelas de Villalonquéjar IV ha ido reduciendo esa oferta de manera imparable en los últimos años y ahora, las pocas parcelas que quedan libres allí o en otros polígonos de la ciudad ya no se adaptan a las necesidades de una gran industria. Ni siquiera el Parque Tecnológico, cuya primera fase está a punto de entregarse, permite dar respuesta a las necesidades de los grandes proyectos que ahora mismo se están gestando en muchos puntos del país.

Así, y a la espera del desarrollo de otros sectores industriales, como el del CAE o la ampliación del Monte de la Abadesa, cuyos plazos se antojan todavía muy largos, la Junta de Castilla y León ha decidido promover de urgencia una nueva bolsa de suelo industrial en la ciudad. No es muy grande -o al menos no lo es teniendo en cuenta los parámetros que se manejan en Burgos-, pero su tramitación tiene visos de ser más rápida que la necesaria para desarrollar otros sectores industriales.

Se trata de un sector, que se ha venido a denominar 'Camino Francés', de casi 300.000 metros cuadrados enclavado entre la depuradora, la circunvalación y las vías del tren, muy cerca del sector más occidental del actual polígono de Villalonquéjar. Un proyecto cuyo desarrollo, tras meses de trabajo interno, acaba de recibir un fuerte impulso tras la declaración del mismo como de utilidad pública e interés social. Una declaración que se traduce en su tramitación por vía de urgencia y que ya se ha abierto a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este pasado martes.

Según contempla la memoria de la actuación, impulsada por la Junta a través de Somacyl, antes de abordar su diseño se analizaron otros posibles emplazamientos, tanto en el entorno del CAE y el aeropuerto como en la parte sur del polígono de Villalonquéjar. Sin embargo, dadas las condiciones geográficas y jurídicas de las parcelas estudiadas, ambas posibilidades se descartaron de inicio. A partir de entonces, el tiro se centró en el extremo oeste del municipio, más allá del polígono de Villalonquéjar y de la estación depuradora.

Se trata, según se defiende en la memoria de la actuación, de un entorno perfecto teniendo en cuenta las conexiones directas con la BU-30 y la A-231 a través de la BU-600. A esas buenas comunicaciones se les suman otros alicientes, como el fácil acceso a las principales redes de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico de la ciudad y a la cercanía con el propio polígono de Villalonquéjar.

Sin embargo, esa zona también tiene algunos condicionantes, como la cercanía de algunos elementos patrimoniales (Camino de Santiago) y, sobre todo, la afección del cauce del Arlanzón, que convierte a buena parte de la zona en terreno potencialmente inundable.

Finalmente, y teniendo en cuenta todos esos condicionantes, Somacyl ha planteado un Plan Regional que abarca 287.927,92 metros cuadrados, repartidos en ambos márgenes de la BU-600 y con una bolsa de suelo industrial de 225.853,93 metros cuadrados. Una superficie que, y aquí está el quiz de la cuestión, se reparte en principio en tres grandes parcelas -llegado el caso podrían segregarse-, una de ellas de más de 100.000 metros cuadrados. Se cumple así el objetivo básico del Plan Regional, que busca precisamente crear parcelas de más de 50.000 metros cuadrados para dar respuesta a las necesidades de grandes industrias.

A toda esa bolsa de suelo industrial se le unirá un gran vial transversal, dotado con aparcamientos en superficie y conectado con la BU-600 a través de una nueva rotonda, así como un nuevo acceso desde esta última a la depuradora. A mayores, en los planos se han dibujado 57.479,74 metros cuadrados de dotaciones urbanísticas, incluidas zonas verdes, que serán posteriormente cedidas al Ayuntamiento de Burgos.

Y todo ello planteado sobre 127 parcelas rústicas, la mayoría de titularidad privada, que serán expropiadas para ejecutar la urbanización del sector. En este sentido, ya se ha hecho pública la relación de parcelas afectadas, y sus propietarios tienen hasta finales de enero para presentar alegaciones si así lo consideran.

Sólo para adquirir esas parcelas, la memoria del proyecto calcula un coste aproximado de 1,5 millones de euros. A partir de ahí, se estima un coste de alrededor de 3,1 millones de euros para la urbanización del sector.

Se trata, pues, de una actuación relativamente sencilla, barata y ágil, al menos teniendo en cuenta las magnitudes que se barajan en este tipo de operaciones, pero a la vez tremendamente oportuna, ya que permite generar varias parcelas de gran tamaño ante el eventual interés de una gran empresa.

Temas

• Industria